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TRIBUNALES INVESTIGACIÓN

Tres cargos de la Diputación niegan irregularidades ante la jueza del caso Boreas

Actualizada 15/01/2022 a las 08:45

Declaran como investigados en el juzgado

Els Mossos van escorcollar la Diputació el 2 d’octubre del 2018.

Los Mossos registraron la Diputación el 2 de octubre de 2018.

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© Los Mossos registraron la Diputación el 2 de octubre de 2018.

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Tres cargos técnicos de la Diputación negaron ayer ante el juzgado de Instrucción 1 de Lleida irregularidades, presiones y manipulaciones en las adjudicaciones de obras en el ente provincial entre los años 2011 y 2018, cuando lo presidía Joan Reñé. Concretamente, declararon como investigados el secretario, R.B.A; la interventora, T.T.B; y un interventor accidental, A.B.C. Los tres afirmaron, en el marco del llamado caso Boreas, que todos los procedimientos cumplían con la legalidad y se hacían dentro del marco jurídico vigente, según ha podido saber este periódico.

En este sentido, aseguraron que no recibieron presiones por parte del entonces presidente, Joan Reñé, o su mano derecha, Marlen Minguell. Ambos, que ya han declarado en este caso, rechazaron también las acusaciones. Reñé aseguró que jamás formó parte de la mesa de negociación de la obra pública y negó que hubiera cobrado ninguna comisión ilegal.

De hecho, los investigados que han comparecido hasta la fecha han mantenido que no hubo ilegalidades. Enrique Regaño, que fue ingeniero jefe de Vías y Obras de la Diputación durante el mandato de Reñé, aportó recientemente documentación que probaría que el denominado sistema de contratación Gisa (Gestió d’Infraestructures de la Generalitat, actual Infraestructures.cat) priorizaba a las empresas locales y que alrededor del 80% de las adjudicatarias eran leridanas. En cuanto a la instrucción del caso, que se ha prorrogado otros seis meses, todavía quedan al menos siete investigados por declarar.

Algunos de ellos lo harán en febrero. La operación policial se llevó a cabo el 2 de octubre de 2018 y acabó con la detención de 26 personas


El secretario y dos interventores afirmaron ayer que las adjudicaciones se hicieron de forma legal
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