La Portella debe a una exsecretaria 400.000€ tras una década de litigios

El despido de la que fue secretaria municipal de La Portella en 2012 puede costarle al ayuntamiento 400.000 euros tras una década de litigios. Es más de la mitad del presupuesto medio del consistorio, algo más de 700.000 euros. Una sentencia firme desde hace 4 años exige readmitir a esta trabajadora y pagarle los salarios de tramitación, los que no cobró desde que fue despedida hasta su reincorporación.

Sin embargo, el pleito ha seguido abierto desde entonces y la suma a pagar ha ido en aumento. Se calculaba en 260.000 euros en 2018 y crece en más de 40.000 euros al año. La ejecución de la sentencia, ratificada en 2018 por el Supremo, está paralizada por un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El consistorio lo interpuso contra un auto que, en septiembre de 2020, dio al ayuntamiento 10 días para pagar los salarios a la exsecretaria, que entonces ascendían a unos 315.000 euros. En caso de incumplir este plazo, amenazaba al alcalde, Carles Català (PDeCAT), con multas e incluso acciones penales. El TSJC debe pronunciarse aún sobre el último recurso del ayuntamiento.

Sin embargo, el consistorio ya ha sido multado con 4.800 euros en otra causa judicial, por incumplir otra sentencia que exigía pagar algo más de 5.000 euros a la exsecretaria, representada por el abogado Josep Miquel Moragues. La deuda que supone el litigio con la exsecretaria se planteó ayer en el pleno, convocado a instancias de la oposición para pedir explicaciones al alcalde por el desahucio de un vecino. La portavoz, Núria Garcés (Acord Municipal), expresó su temor a que la suma a pagar “nos ahoge durante años” y valoró que hubiera sido menor “con una actitud sensata y conciliadora” por parte de Català.

El alcalde deberá declarar por el desahucio de un vecino ante el juez

El alcalde de La Portella, Carles Català, deberá declarar ante el juzgado de Balaguer por el desalojo que llevó a cabo en un piso de su propiedad con la ayuda de otras cuatro personas el pasado 3 de enero. Lo hicieron personalmente, sin que mediaran agentes de policía ni representantes judiciales, y contra la voluntad del desalojado. Este presentó días después una denuncia ante los Mossos d’Esquadra en la que explicó ser un inquilino al que no hicieron contrato y que pagaba el alquiler en efectivo.

El desalojado ha prestado declaración esta misma semana y el juzgado ha citado también al primer edil.En el pleno de ayer, la oposición criticó el desahucio “forzado” de un vecino que, además, estaba en una situación de “vulnerabilidad”. Añadieron que en esas mismas circunstancias se encuentran “la mayoría de los inquilinos que el alcalde tiene en sus viviendas” y apostillaron que “cuanto más vulnerables, más manipulables”. El primer edil declinó hacer comentarios sobre ninguna de las cuestiones que abordó la oposición al estar en los tribunales.