Bruselas lleva a España ante la Justicia por las ayudas a la TDT

La Comisión Europea (CE) decidió ayer llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber recuperado la ayuda estatal que concedió para la expansión de la televisión digital terrestre (TDT) en zonas remotas y de difícil acceso de todo el Estado, ayudas que superan los 300 millones de euros –46 de los cuales corresponden a Castilla-La Mancha–. El ejecutivo comunitario ya advirtió en 2013 y 2014 que estas ayudas eran incompatibles con la normativa europea y le obligó a recuperarlas. Pero “las autoridades españolas solo han recuperado una pequeña fracción de la ayuda”, señala la CE en un comunicado. En concreto 5,5 millones de los 260 dedicados a las zonas de difícil acceso y nada en el caso de Castilla-La Mancha.

Según Bruselas, el resultado del retraso en la implementación de estas advertencias supone que “continúa la distorsión de la competencia en los mercados en detrimento de otros operadores”. De acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica, la financiación pública debe estar disponible para todos los tipos de transmisión –incluyendo terrestre, por satélite, cable o internet– y España incumplió este principio al otorgar subsidios solo a la TDT.

Por todo ello, el organismo comunitario ha decidido remitir el caso directamente al Tribunal de Justicia por la violación de las reglas comunitarias en materia de ayudas de Estado.

En 2015 el Tribunal General de la UE rechazó los recursos presentados por España y los beneficiarios para anular la decisión de la CE sobre la extensión de la TDT en España. Y aunque aún faltan por resolver algunas apelaciones, España sigue obligada a recuperar las ayudas y anular los pagos.

Competencia multa con 16.000 euros a OrangeLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Orange con una multa de 16.000 euros por no presentar el informe sobre la financiación de películas y series europeas, una infracción administrativa leve. El organismo estatal ha recordado que la Ley General de la Comunicación Audiovisual obliga a las compañías de televisión a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas: películas para cine, series de televisión y producciones de animación y documentales.