La Associació Catalana de Ràdio denuncia "el intento" de Presidencia de privatizar las radios municipales
Destaca que la justicia ha tumbado la cesión de la gestión en Sant Pol y Castellvell del Camp
Una maza de un juez
La Associació Catalana de Ràdio (ACR), entidad que integra el conjunto de emisoras y cadenas privadas que operan en Cataluña, ha denunciando "el intento del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya de abrir el proceso de privatización de las radios municipales y blanquear las cesiones ilegales que ya se han hecho".
Esta es la previsión que se desprende del Proyecto de Decreto Ley que el Departamento ha elaborado con el pretexto formal de adaptarse a la directiva europea, "pero donde de paso quiere forzar la norma para legalizar las cesiones de explotación a empresas privadas de las frecuencias municipales de Cataluña", según la ACR.
La Associació Catalana de Ràdio ha denunciado en el Consejo del Audiovisual de Cataluña y en los juzgados, cuando este organismo no ha actuado, las cesiones de explotación de sus asociados de las cuales han tenido conocimiento. La ACR ha denunciado, entre otros, las privatizaciones de las emisoras municipales de Girona, Sant Pol de Mar, Berga, Santa Cristina d'Aro, Castellvell del Camp (que emitía para todo el Camp de Tarragona), Santa Coloma de Farners y recientemente Sant Vicenç de Montalt, Sant Sadurní i Sant Just.
La entidad explica que fruto de estas acciones, algunos ayuntamientos han cesado en este procedimiento ilegal de manera voluntaria y en otros casos han sido los juzgados los que han obligado a los ayuntamientos a retroceder en las cesiones de explotación en empresas privadas. En esta situación se encuentran los ayuntamientos de Castellvell del Camp y recientemente Sant Pol de Mar con sentencias judiciales favorables a ACR y contra las cesiones de explotación.
La última sentencia, de 26 de noviembre, declara ilegal y anula el contrato entre el ayuntamiento de Sant Pol y una empresa privada para gestionar su emisora municipal. La ACR defiende que la Ley General de Comunicación Audiovisual de Cataluña (22/2005) establece inequívocamente que las radios municipales se tienen que gestionar directamente (art. 23.1) y permite sólo utilizar algunos recursos externos La sentencia considera probado que el ayuntamiento de Sant Pol incurrió en una notoria infracción de lo que establece al legislación vigente y establece que sólo es posible la gestión directa, sin subterfugios ni atajos para saltarse el imperativo legal.
La ACR considera que el Departamento de Presidencia pretende legalizar “a posteriori” situaciones decididamente irregulares de emisoras municipales ya citadas y por intereses políticos o empresariales que no tienen nada que ver con los objetivos de la comunicación local. En última instancia el ACR considera que eso supone facilitar por la puerta de atrás, el acceso a la actividad radiodifusora de nuevos operadores privados, y al margen del sistema legal establecido. Eso es la asignación de licencias previstas para la explotación del sector privado a través de los correspondientes concursos convocados por el Consejo del Audiovisual de Cataluña.
En este sentido, la ACR hará llegar las sentencias tanto al CAC como a los secretarios de los ayuntamientos de Cataluña, para evitar nuevos incumplimientos de la norma. Igualmente la ACR enviarà al CAC la petición de que en el próximo concurso se tenga en cuenta la lista de las empresas que explotan ilegalmente frecuencias (piratas o las municipales cedidas) a los efectos oportunos.
