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LITIGIO

Sixena pide prisión para Santi Vila para no entregar las obras que se llevó la Guardia Civil con la aplicación del 155

01/12/2019 a las 18:32
Un ejército de agentes se las llevó del Museu de Lleida en diciembre del 2017 aprovechando que no había gobierno de la Generalitat

El ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca) ha presentado su escrito de acusación relacionado con el conflicto de las obras de arte y pide hasta 11 meses de prisión, 162.000 euros de multa y casi tres años de inhabilitación de cargo público para el exconseller de Cultura Santi Villa por no haber entregado las 44 obras del Museu de Lleida que se acabó llevando un ejército de guardia civiles aprovechando la aplicación del artículo 155.

El escrito de acusación del consistorio oscense, presentado alnte el juzgado de instrucción número 3 de Huesca, también solicita una multa de 66.000 euros y dos años de inhabilitación para su sucesor al cargo, Lluís Puig.

Los exconsellers de Cultura tienen abierta una causa penal en la Audiencia oscense acusados de desobediencia, y en el caso de Vila, también de prevaricación, por no haber entregado en Aragón las 44 piezas del Monasterio de Sixena que había en el Museu de Lleida.

En concreto, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena considera que Vila es responsable de un presunto delito de prevaricación, por el que pide once meses de prisión, una multa de 63.000 euros y dos años y nuevos meses de suspensión de cargo público.

Asimismo, también solicita una multa de 99.000 euros y dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia.

En el caso de Puig, también pide dos años de inhabilitación y una multa de 66.000 euros.

En concepto de responsabilidad civil, el consistorio oscense reclama que los dos exconsellers paguen "de forma solidaria" los gastos producidos al Gobierno de Aragón para "rescatar, embalar y transportar" las piezas desde el Museu de Lleida hasta el Monasterio de Sijena.

El pasado mes de febrero la Audiencia oscense resolvió que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena podía actuar como acusación en la causa penal contra los exconsellers de Cultura, Santi Vila y Lluís Puig, al considerar que es un perjudicado directo ya que "es parte en la ejecución judicial en la que presuntamente se cometió la desobediencia".

Las obras se las llevó la Guardia Civil en diciembre de 2017 aprovechando que el Ministerio de Cultura, que asumió las competencias de la conselleria en aplicación del artículo 155, no se opuso, a diferencia de lo que había hecho siempre a la Generalitat.

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