Suspenden el juicio del caso Sigena al no poder ser citado el exconseller Puig

La magistrada del juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca decidió suspender ayer el juicio que debía celebrarse hoy contra los exconsellers de Cultura Santi Vila y Lluís Puig por el caso Sigena tras constatar que la justicia belga no había podido notificar aún a este último el inicio de la vista oral. Lluís Puig reside en Bélgica por su implicación en el procés del 1-O. Según informó ayer mismo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la jueza ha vuelto a fijar la fecha de la vista para el próximo 5 de octubre.

Según fuentes judiciales, con la suspensión y aplazamiento del juicio se pretende evitar que Puig peda recurrir al Tribunal Constitucional o a instancias jurídicas europeas por una presunta violación de sus derechos y que este recurso pudiera suponer la anulación del procedimiento judicial en el tribunal oscense. Cabe recordar que Vila y Puig fueron denunciados en septiembre de 2017 por el abogado Jorge Español por ‘desobediencia’ al no atender la orden judicial de entrega al monasterio de Sigena de las obras de arte adquiridas por la Generalitat en los años 80 y 90, y buena parte de las cuales se conservaban y exponían en el Museu de Lleida. A la querella se sumó el gobierno de Aragón, pero se retiró al cabo de unos días justificando que no quería actuar penalmente contra la Generalitat.

Finalmente, el centenar de piezas se trasladaron al monasterio oscense en el marco de la polémica operación en el museo leridano el 11 de diciembre de 2017, con entrada incluida de la Guardia Civil en la pinacoteca y en plena intervención de la Generalitat por el artículo 155 de la Constitución.En el juicio, el fiscal pide para Vila y Puig una multa en torno a los 6.000 euros, que indemnicen al gobierno de Aragón por los gastos del traslado de las obras de Lleida a Sigena y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. La acusación particular, impulsada por el abogado Jorge Español, eleva la pena económica a 99.000 euros en el caso de Vila y 66.000 en el de Puig.Tras la declaración en el juzgado en abril de 2018, a la que solo acudió Santi Vila, este tuvo que entregar en 2019 las escrituras de su piso de Figueres como aval de la fianza que se le solicitó, de 216.000 euros. Por su parte, Puig tuvo que depositar una fianza de 88.000 euros, que reunió gracias de la caja de resistencia independentista, un apoyo que le fue negado a Vila.