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FÚTBOL TRIBUNALES

Sandro Rosell denuncia la diferencia de trato procesal

  • AGENCIAS
Actualizada 27/03/2019 a las 09:47
Sandro Rosell, acompanyat pel seu advocat Pau Molins, a l’arribar a l’Audiència Nacional.

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© Sandro Rosell, acompanyat pel seu advocat Pau Molins, a l'arribar a l'Audiència Nacional.

EFE

El abogado Andrés Maluenda denunció ayer diferencia de trato procesal con Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, que ha estado casi dos años preso preventivo por supuesto blanqueo de capitales, respecto a imputados como Jordi Pujol Ferrusola, Ignacio González o Ángel María Villar.

“Sandro Rosell y Besolí (socio del expresidente) han ido viendo desfilar gente imputada por hechos muchísimo más graves y por delitos públicos. Han visto cómo Jordi Pujol entraba y salía con una fianza de 500.000 euros; Ignacio González, investigado por corrupción pública, de 400.000, y Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, de 200.000”. Añadió que el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, “salió a los 15 días con una fianza de 300.000 euros, mientas que Rosell y Besolí han estado 21 meses en prisión. La tesis del fiscal no tiene soporte probatorio alguno y la prueba más evidente es la diferencia de trato que hemos percibido antes del juicio y después del juicio por terceras personas”, añadió.

“La gente no llega a entender cómo el fiscal sigue acusando y solicitando penas tan elevadas. Incluso hasta los que siguen convencidos de que Rosell pagó comisiones a Teixeira –expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)– han entendido que si aquella conducta no era delictiva lo que corresponde es una sentencia absolutoria”, añadió. Maluenda alegó que no consta que Teixeira esté sometido a procedimiento judicial en Brasil y añadió que se ha acreditado que la CBF no resultó perjudicada sino beneficiada por los contratos investigados.

La Audiencia Nacional dejó ayer visto para sentencia el juicio contra Sandro Rosell, su socio Joan Besolí; la esposa del expresidente, Marta Pineda, y tres presuntos testaferros para quienes el fiscal ha pedido penas de entre un año y medio y seis años de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y grupo criminal.

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