La extra de verano sale de nuevo de la hucha

UGT ha exigido esta semana al Gobierno central que convoque de forma “urgente” a la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social porque “va a volver a utilizar este fondo para hacer frente a la paga extraordinaria de los pensionistas de este verano”. El sindicato considera que se tiene que dar una solución a este problema de forma inmediata, porque “el Gobierno no puede utilizar el crédito de 10.913 millones de euros ni sacar del Fondo de Reserva una cuantía superior al 3%”.

Los dos sindicatos mayoritarios han anunciado movilizaciones en defensa del sistema público. CCOO alerta que los efectos de la reforma aplicada en 2013 se está dejando sentir ya en los bolsillos de los mayores, con recortes en la práctica de las prestaciones.

Los sindicatos defienden que el sistema ha de garantizarse gracias a salarios dignos

El Banco de España ha pedido un nuevo ajuste de las pensiones esta misma semana

La apuesta de los sindicatos es que las pensiones se deben garantizar por la vía de los ingresos. Es decir, por un empleo de calidad con salarios dignos, lucha contra los abusos y economía sumergida para avalar su sostenibilidad.

lleida

La reforma del sistema de pensiones público necesita de un amplio acuerdo entre los partidos del arco parlamentario si no quiere nacer con pies de barro o quedarse a medio camino. Pero cualquier cambio tiene un coste en términos políticos, solo hay que darse cuenta que los mayores representan más de 9 millones de votantes. Además, con un parlamento fragmentado es complicado que se pueda llegar a un acuerdo, al menos de forma sencilla. Bruselas advierte que hay poner hilo a la aguja y adoptar reformas. Las grandes propuestas no son, desde luego, populares.

Por una parte, cuando aún no se ha concluido el plan de paulatino retraso de la edad de jubilación (llegará a los 67 años en 2027), ya se está planteando que debería aplazarse de forma general a los 70 años, con excepciones solo para algunos tipos de trabajo que comportan especial penosidad. La teoría es que si vivimos más y en mejores condiciones, también deberíamos estar más tiempo al pie del cañón en el puesto de trabajo para apuntalar el sistema de pensiones.

Por otra parte se insiste en cambios en la llamada “tasa de sustitución” de las pensiones, que no es más que la diferencia entre lo que se cobra en el último sueldo y la prestación que se percibe cuando se pasa a depender de la Seguridad Social. El Banco de España habla de establecer una tasa de sustitución fija y una mayor contributividad y transparencia en el sistema. En la práctica, tras estas palabras se encuentra la apuesta del instituto emisor por un nuevo ajuste, otra vuelta de tuerca en un intento de que las cuentas cuadren.

Una vía que puede suponer también una rebaja de pensiones sin decirlo claramente es la de aumentar el período de cotización con el que se calculan las prestaciones.

Otras propuestas pasan por sacar del sistema público algunas pensiones, como las de viudedad y orfandad, que cuestan 15 millones al mes en Lleida, y costearlas vía Presupuestos del Estado, es decir, vía impuestos. Pero sea como fuere, el dinero debería salir de los bolsillos de los trabajadores y los contribuyentes en general. Es decir, esta fórmula salvaría las cuentas de la Seguridad Social, pero habría que sacar el dinero de algún sitio. Así las cosas, o se subirían los impuestos (algunos apuntan al IVA como el tributo a elegir) o se detrae fondos de otras partidas para pagar a viudas y huérfanos. Ambos supuestos son difíciles. Subir tributos castigaría de nuevo y en especial a la cada vez más débil clase media, pero tocar los presupuestos es difícil, teniendo en cuenta los compromisos del Estado de Bienestar, con gastos como el sanitario o educativo sobre los que la sociedad no estaría dispuesta a aplicar recortes.