Pacto para mantener la ayuda a parados que cobran 150 leridanos

El ministerio de Empleo y de la Seguridad Social ha acordado por unanimidad con todas las comunidades autónomas la prórroga del Plan Prepara, del que se han beneficiado casi un millón de personas, hasta el 30 de abril de 2018, con carácter retroactivo desde el pasado 15 de agosto, cuando expiró la anterior prórroga. Este plan está dirigido a parados de larga duración que ya hayan agotado otro tipo de ayudas y que cumplan determinadas condiciones. En julio, último mes del que se tienen datos oficiales, en la provincia de Lleida cobraban esta ayuda un total de 156 desempleados.

La prórroga fue anunciada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el consenso alcanzado en la conferencia sectorial extraordinaria de Empleo y Asuntos Laborales entre el Gobierno y las autonomías.

Todas acordaron con Empleo la cesión de competencias para poder prorrogar el Plan Prepara, respetando no obstante la sentencia del Tribunal Constitucional, que cuestionaba la distribución de competencias, ya que el plan estaba gestionado por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en lugar de las comunidades. De esta forma, quedará aprobada la prórroga, dado que las comunidades han atribuido al SEPE la gestión del plan de manera extraordinaria y limitada en el tiempo, “sin desobedecer” la sentencia del TC, ya que “prevalecen las ayudas a las familias”, según explicó el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Emilio Atienza, a la salida de la conferencia sectorial.

Este plan, que contempla una ayuda de 400 euros mensuales (450 euros para quienes tengan responsabilidades familiares), se prorroga de forma automática cada seis meses en caso de que la tasa de paro supere el 18%. Como la tasa de desempleo del cuarto trimestre de 2016 se situó en el 18,6%, la vigencia de este plan se había ampliado otro medio año, hasta el 15 de agosto de 2017, fecha en la que expiró el plan y no se renovó por la falta de acuerdo entre sindicatos y patronal, hasta que finalmente se ha alcanzado un acuerdo por unanimidad con todas las autonomías, a pesar de que el paro se sitúa por debajo del límite del 18%.