EUROPA AYUDAS
El Govern defiende que debe gestionar los pagos de la PAC
Agricultura dice que está a punto para poder hacer efectivo el 70% || Pugna con Madrid por la intervención de cuentas
La intervención de las cuentas catalanas por parte del ministerio de Hacienda, en un intento de Madrid de que la Generalitat no destine fondos al referéndum del 1 de octubre, está afectando a todos los ámbitos, incluido el agrario y los pagos de la Política Agraria Común (PAC). Como organismo reconocido, el departamento de Agricultura recordó ayer que realiza, como cada año, los controles perceptivos de las más de 46.500 solicitudes de ayudas directas recibidas este año, a través de la Declaración Única Agraria (DUN) de 2017, para poder avanzar el 70% de las ayudas directas de la PAC, un total de 170 millones de euros, que son fondos íntegramente comunitarios que la Unión Europea (UE) destina a los agricultores y ganaderos catalanes. El año pasado, un total de 17.235 payeses de Lleida recibieron unos 91 millones de la PAC.
La Administración catalana defendió ayer que está a punto, pues, para que el dinero que la UE destina a los agricultores puedan hacerse efectivos, cuando se disponga de estos fondos. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Comunitario, el pago se puede empezar a hacer a partir del 16 de octubre y esto ya se comunicó el pasado martes a las organizaciones profesional agrarias.
Un total de 17.235 payeses de Lleida cobraron el año pasado ayudas directas de la Política Agraria Común
“El departamento de Agricultura es la administración encargada de gestionar las ayudas de la PAC que reciben los agricultores y ganaderos catalanes, y como organismo pagador, siempre ha sido reconocida oficialmente por Bruselas por su eficiencia en la gestión de estos ayudas”, defendió ayer en un comunicado la conselleria que dirige Meritxell Serret. Por este motivo, “desde el departamento no se entiende que el Estado ponga en duda la capacidad de la Generalitat de gestionar correctamente esta ayuda y que, por tanto, cuestione el pago de unas ayudas que son un derecho de los agricultores y ganaderos catalanes que están cumpliendo con los compromisos contraídos en el marco de la Política Agraria Común”.
