Las pymes tendrán más fácil acceder a contratos públicos

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, acabada de publicar en el BOE y que entrará en vigor el próximo 9 de marzo, facilitará el acceso a las pymes al reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en la contratación.

Además, las empresas de nueva creación (menos de cinco años de existencia) no tendrán que acreditar trabajos anteriores con la administración para poder comenzar a trabajar con ella.

Prohíbe indemnizar por expectativas de mercado no cumplidas como el proyecto Castor

La ley obligará a dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento para facilitar el acceso de pymes y autónomos a los procesos de contratación. De esta manera, se simplifican procesos administrativos, ya que permite convocar un solo concurso para diferentes tareas, en lugar de dos o más, con el consiguiente ahorro para el erario público.

En la práctica, esto expulsa de dicha licitación a empresas de menor tamaño, al no poder acceder a contratos demasiado amplios, tanto por la parte económica como por el desarrollo y ejecución de tareas. Además de favorecer a las pymes, esta novedad introduce mayor especialización, se da más oportunidad a la innovación.

Además, hasta ahora, el precio ha sido el factor decisivo, primando las ofertas con el precio más bajo, lo que ha podido afectar a la calidad y fomentar prácticas anticompetitivas que han perjudicado sobre todo a las pymes. Así, se estipula que la “adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio”.

Otros puntos a destacar es que se suprime la posibilidad de contratación sin publicidad, se establecerá la obligación de la factura electrónica y la posibilidad de pago directo de la administración a los subcontratistas. Las empresas que trabajen para las administraciones no podrán pagar tarde a sus proveedores. Para vigilarlas, se les obligará a depositar cada factura en un registro electrónico. Este punto ha sido aplaudido por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, ya que considera “que se termina con la ambigüedad en la interpretación de los plazos de pago”.

También se contempla la prohibición de las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas, como ocurrió con el proyecto Castor.

Además, se creará un organismo de control que emitirá recomendaciones.