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LEGISLACIÓN CONGRESO

Proponen multas de hasta 820.000€ para empresas que paguen tarde a proveedores

El Congreso trabaja un proyecto de ley que establezca un régimen sancionador para estos casos || La Plataforma contra la Morosidad confía en que la normativa sea una realidad el próximo semestre

El presidente de Pimec en Lleida, Jaume Saltó, y Antoni Cañete, en una imagen de archivo.

El presidente de Pimec en Lleida, Jaume Saltó, y Antoni Cañete, en una imagen de archivo.SEGRE

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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad confía en que el Congreso de los Diputados dé luz verde en el primer semestre del próximo año a la ley que establezca un régimen sancionador para las empresas que pagan fuera de los plazos legales establecidos. De momento, los partidos ya trabajan con un elevado consenso y el proyecto que llega a la Comisión de Economía del Congreso prevé multas de entre 406 euros y 2.045 euros para los casos considerados leves. Para los graves, las sanciones con las que trabajan llegarían a los 40.985 euros y las multas muy graves podrían alcanzar los 819.780. La proposición de ley de Ciudadanos fue tomada en consideración en junio y ha recabado hasta 144 enmiendas diferentes, pero la mayoría de las formaciones están de acuerdo con la imposición de multas, algo de lo que se desmarca, en principio, el PNV. Entre las enmiendas existen diferentes posibilidades, desde la existencia de un buzón para hacer denuncias de las empresas morosas, la creación de un observatorio de la morosidad, la existencia de un arbitraje previo a la imposición de una sanción y la propia tabla de posibles multas.

El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, considera que el régimen sancionador es “la guinda del pastel que llevamos años buscando como herramienta clave para luchar contra la morosidad”. Cañete, que también es secretario general de la patronal de pequeñas y medianas empresas Pimec, afirmó que hay algunos sectores que quieren que se introduzcan posibles excepciones o regímenes especiales para evitar estar sujeto a posibles sanciones. Consideró que esto no es posible “es como si no se multara a los conductores que se salten el límite de velocidad por llevar un coche de determinada marca”, dijo.

Cañete afirma que en los últimos años las administraciones públicas han reducido los plazos de pago en casi un 60%. Han pasado, asegura, de hacer frente a los pagos en 166 días, al promedio actual de 68 días. Todo ello a pesar de que la ley establece que deberían pagar en 30 días, dijo.

‘Los mayores problemas de retrasos se dan con grandes empresas’ El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, afirma que los mayores problemas de morosidad los generan las grandes empresas, que “pueden llegar a pagar a 180 e incluso 200 días, mientras que las pymes y los autónomos cumplen y deben pagar a 60 días porque les obligan los grandes”. En el ámbito privado, Antoni Cañete asegura que las pequeñas y medianas empresas pagan “razonablemente bien”, pero se queja de que son las grandes compañías las que aún siguen siendo las que generan mayores problemas a sus proveedores a la hora de afrontar facturas.

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