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SEGURIDAD SOCIAL

Las prestaciones sociales suman en Lleida más de cien millones al mes

El grueso son pensiones contributivas, con más de 86 millones y ayudas a desempleados, con cerca de 12 || Hay 27 de estas “nóminas” por cada cien leridanos

Imagen de una manifestación de pensionistas el año pasado en la capital del Segrià.

Imagen de una manifestación de pensionistas el año pasado en la capital del Segrià.SEGRE

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La Seguridad Social desembolsa en Lleida más de cien millones de euros mensuales en concepto de prestaciones, según los últimos datos que ha hecho públicos el organismo y que se refieren al mes de marzo pasado. El grueso corresponde a las pensiones contributivas, que cobran 99.242 leridanos y cuyo importe se leva ligeramente por encima de los 86 millones. De ellas, las que se llevan la mayor partida son las de jubilación, con 60 millones, seguidas de las de viudedad, que superan los 15 y las de incapacidad permanente, que se acercan a los diez millones.

Las ayudas a los desempleados representan la segunda gran partida de pagos por parte de la Seguridad Social. En concreto, en marzo cobraban algún tipo de apoyo 13.289 y el importe global se elevaba a 11,8 millones. La mayoría corresponde a ayudas contributivas, que reciben 7.087 leridanos, mientras que otros 6.202 parados cuenta con apoyos a nivel asistencial.

Las pensiones no contributivas, por su parte, las cobran apenas 3.549 personas en la provincia, con un apoyo económico global de algo más de 1,4 millones. Además, la Seguridad Social también ofrece otras asignaciones y ayudas, como por hijo a cargo subsidios conocidos como Lismi (Ley de Integración Social del Minusválido).

En total, la Seguridad Social en Lleida ofreció algún tipo de prestación de proyección social a 117.747 leridanos. Esta cifra representa el 27,20 por ciento del total de la población en las comarcas de Ponent y con un incremento de un 1,1% con respecto al mes de marzo del año pasado. El desembolso de más de cien millones en ayudas mensuales representa un gasto de 213 euros por cada una de las 432.866 personas que viven en la demarcación.

En otro orden de cosas, el Defensor del Pueblo tramitó el año pasado 17.697 expedientes, -frente a los 25.776 de 2017, un 31 por ciento menos- y la mayoría fueron quejas de los ciudadanos por la calidad de los servicios públicos, por lo que la institución ha planteado en el Parlamento en Madrid que “es el momento de invertir en política pública”.

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