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Las empresas leridanas pasan de trabajar a medio gas al freno total hoy

Actualizada 31/03/2020 a las 09:39

Críticas de los empresarios por la “improvisación” del Gobierno, que pide disculpas

A l’entrada del polígon El Segre de Lleida hi havia controls, però el d’Agramunt estava a mig gas.

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© A la entrada del Polígono El Segre de Lleida había controles, pero el de Agramunt estaba a medio gas.

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Empresas de Lleida trabajaban ayer a medio gas preparándose para la que hoy se anuncia como paralización generalizada, dado que solo podrán seguir en funcionamiento las actividades consideradas esenciales. Los empresarios cargan contra lo que consideran improvisación del Gobierno central, ayer obligado a pedir disculpas.

El sábado por la tarde, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, anunciaba que ayer lunes debían paralizarse todas las actividades empresariales y laborales consideradas no esenciales. En principio, solo podían mantenerse ciertos sectores, como la alimentación y su comercialización hasta la venta de periódicos en los quioscos, pasando por las farmacias o los bancos. En total, unas actividades que en Lleida al menos emplean a 34.000 personas. Sin embargo, la norma publicada en el BOE minutos antes de la medianoche del domingo al lunes ofreció la posibilidad de una moratoria extraña en la que se aludía a poder continuar con la actividad sectores que no pueden parar de golpe. En la práctica, esta decisión se tradujo en aún más incertidumbre para empleadores y empleados que aún de madrugada no sabían si levantar las persianas e ir a trabajar o no.

El presidente de la Cámara de Comercio de Lleida y de la patronal de pequeñas y medianas empresas Pimec, Jaume Saltó, dijo que aquellas compañías que pudieron dejar la actividad lo hicieron, mientras que las que habían apostado por el teletrabajo continuaron con las tareas a distancia. Es el caso de la propia Cámara de Comercio, aunque se mantenía la atención presencial de los certificados de origen para la exportación, una actividad que según Saltó sigue funcionando a buen ritmo. Se quejó de la “improvisación” del Gobierno central y de “la situación caótica” que ha creado. Insistió en que los permisos retribuidos hasta el 9 de abril suponen un problema añadido para las empresas, que deben hacer frente al pago de impuestos y Seguridad Social, con un mes de marzo sin prácticamente facturación. “Muchas no tendrán tesorería y al final habrá un montón de gente que no cobrará (el salario) si no se articulan medidas urgentes de apoyo a las empresas. Además, alertó que ya hay compañías que están retrasando pagos con un efecto multiplicador.

 


Advierten que cuando concluya el permiso retribuido habrá que negociar su ‘devolución’

 

Desde el Gremi d’Instal·ladors de Lleida, su presidente, Joan Fornés, también criticó la “improvisación” del Gobierno central. Considera que si las autoridades sanitarias defienden el confinamiento total para frenar el coronavirus, se deben articular también medidas económicas. Como Saltó, alertó que los empresarios no pueden soportar el volumen actual de gastos sin ingresos. Exigió medidas económicas y agilizar las ya anunciadas, como la tramitación de los ERTEs o la financiación por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con préstamos a bajo interés que sean reales, así como que el Ejecutivo central fuerce a empresas suministradoras a negociar el aplazamiento de pagos de la electricidad o el gas.

Desde los sindicatos UGT y CCOO de Lleida, coincidieron que ayer hubo más consultas que problemas por parte de los trabajadores ante la entrada en vigor del permiso retribuido que deben aplicar obligatoriamente todas las empresas de las actividades no esenciales. Luego llegará el momento de negociar en empresas o sectores, cómo se recuperan esas jornadas ahora de permiso y que el Gobierno central afirma que se deben cubrir antes de final de año.

En este contexto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió disculpas por la “tardanza” con la que se publicó en el BOE el real decreto para suspender las actividades no esenciales, en el que se especificaba qué empleados debían de dejar de acudir a sus puestos de trabajo, tras admitir que creó “intranquilidad”.

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