La Moncloa y los agentes sociales acuerdan extender los ERTE hasta el 30 de septiembre

El Gobierno central y los agentes sociales lograron cerrar ayer un acuerdo para alargar los expedientes de regulación transitoria del empleo (ERTE) hasta septiembre. La vigencia de esta medida, a la que han recurrido masivamente las empresas durante la crisis del coronavirus como alternativa a los despidos, expiraba el próximo martes. Ahora se mantendrá hasta, por lo menos, el 30 de septiembre. La voluntad tanto de la patronal como de los sindicatos, no obstante, era la de prolongarlos hasta diciembre. Este fue uno de los motivos de desencuentro entre las partes, así como la cuestión de las exoneraciones de pagos de cuotas a la Seguridad Social. Con todo, y tras semanas de negociaciones, hubo fumata blanca a primera hora de la tarde de ayer, y hoy mismo bendecirá el acuerdo el Consejo de Ministros.

Del texto consensuado por el Gobierno central, los sindicatos y la patronal destacan dos medidas, que son el mantenimiento de los ERTE de fuerza mayor total en las empresas que todavía no han vuelto a la actividad y la posibilidad de que las compañías que se vean forzadas a cerrar otra vez por culpa de un rebrote puedan acogerse a este procedimiento. Así, a los ERTE de fuerza mayor vigentes se les aplicará una exención en las cotizaciones del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre, si la empresa tiene menos de 50 empleados. En el caso de que tenga más trabajadores, la exoneración de cuotas será del 50% en julio, del 40% en agosto y del 25% en septiembre. Estos porcentajes son más reducidos que los vigentes hasta ahora, que eran hasta del 100% en las empresas con menos de 50 personas en plantilla. Por otra parte, para el caso de las compañías que están funcionando y se vean obligadas a cerrar ante un rebrote de la pandemia, podrán acogerse a un ERTE de fuerza mayor total, que contemplaría una exoneración del abono de las cuotas a la Seguridad Social del 80% si la plantilla es de menos 50 trabajadores o del 60% si tiene más empleados.

Las empresas en ERTE no podrán contratar ni externalizar si no es por razones objetivas

Como contrapartida, se prohíben las horas extraordinarias en las empresas en ERTE, así como el establecimiento o la reanudación de la externalización de la actividad y la celebración de nuevos contratos, ya sean de forma directa o por medio de ETT. A este respecto, una compañía inmersa en un ERTE únicamente podrá contratar o externalizar si sus trabajadores, por razones objetivas, no pueden desempeñar una tarea determinada. Asimismo, las empresas con más de 50 trabajadores a fecha de 29 de febrero, no podrán repartir los dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que se aplique el ERTE.

madrid

El Banco de España pronosticó ayer que la economía española se derrumbará alrededor de 20% en el segundo trimestre de este año debido a los efectos del coronavirus. Así, si se cumplen las previsiones, este será el mayor batacazo sufrido por el PIB español en toda la serie histórica. En el peor de los escenarios, la economía caería un 21,8% mientras que en el mejor cedería un 16%. En cualquier caso, este desplome es fruto de la caída del consumo y de las inversiones. Y es que el gasto de los hogares está bajo mínimos y continúa lastrado por las restricciones a la movilidad que hubo entre marzo y mediados de este mes. Entretanto, la producción industrial tocó fondo en abril. Para el Banco de España, el Estado será de los que más sufran las consecuencias económicas de la Covid en Europa porque el confinamiento ha sido más estricto, el turismo pesa más en el PIB, la tasa de temporalidad de los contratos es alta y el margen fiscal para dar respuesta a la crisis es menor.

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, el líder de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, y la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), María José Landaburu, firmaron ayer el acuerdo para prolongar hasta septiembre la prestación extraordinaria de cese de actividad introducida para ayudar a los trabajadores por cuenta propia más castigados por la crisis. Y es que desde que comenzó la alarma y hasta el 30 de junio está vigente una prestación extraordinaria que ha permitido a cerca de 1,5 millones de autónomos tener una renta mínima que ha sido compatible con la incorporación a la actividad. En Lleida, los autónomos beneficiarios de esta ayuda ascendieron a 12.781, el 95% de los que la solicitaron.

El acuerdo entre el Gobierno central y las organizaciones de autónomos prevé alargar la exención del abono de las cuotas hasta julio para los que han percibido la prestación extraordinaria. En agosto, la exención será del 50% y en septiembre, del 25%. Por otra parte, los beneficiarios de la prestación extraordinaria podrán solicitar la ordinaria por cese de actividad si acreditan una reducción de la factura del 75% del tercer trimestre en comparación con el mismo trimestre de 2019.

Lleida suma casi 5.400 expedientes desde marzo, con 30.600 afectadosUn total de 30.575 trabajadores leridanos se han visto afectados por un ERTE desde el inicio de la pandemia, según los datos publicados ayer con la conselleria de Trabajo. Pese a que el boom de estos expedientes se produjo en las primeras semanas del confinamiento, siguen siendo utilizados por las empresas de la provincia ante la crisis que ha desatado el coronavirus. Así, ayer entraron en ERTE otros siete trabajadores de Lleida, y el total de expedientes registrados son ya 5.385. Como publicó SEGRE, las capitales de comarca concentran alrededor del 85% de los trabajadores afectados, pese a que hay otros municipios que superan con creces el centenar de afectados. Es el caso de Alcarràs, con 425 o de Agramunt, con 408. Uno de los principales hándicaps ha sido la tardanza en el pago de las prestaciones. Una encuesta de Pimec de principios de mes concluyó sólo las plantillas del 28% de las empresas de Lleida en ERTE han cobrado la prestación.