ECONOMIA
La Seguridad Social abona el primer pago del Ingreso Mínimo Vital a 371 hogares de Lleida
En Catalunya se amplía esta prestación a 6.140 familias y a 74.119 en todo el Estado || Establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar y completa las ayudas preexistentes
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros.
La Seguridad Social abonó ayer el primer pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La reciben este mes de junio los hogares a las que se reconoció de oficio la prestación, 74.119 familias de todo el estado español, con un gasto de 32 millones de euros. Esto supone una ayuda media de más de 430 euros al mes por hogar.
En Lleida, reciben de oficio la prestación 371 familias de un total de 1.654 que solicitaron esta ayuda. Se trata de aquellas familias que ya recibían la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33%. Quien solicite esta ayuda en los tres primeros meses, se le concederá con efectos retroactivos desde el 1 de junio.
El IMV completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta ese umbral garantizado para cada tipología que, en el caso de los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva, distribuida en doce pagas.
Un total de 6.140 hogares en Catalunya recibieron ayer el primer pago del IMV, mientras que en el conjunto del Estado se extiende a 74.119 hogares beneficiarios. En total, se abonan 32 millones de euros.
La delegada del Gobierno en Catalunya, Tere Cunillera, puso en valor “el trabajo de quienes están gestionando esta prestación histórica en tiempo récord para garantizar que nadie quede atrás en esta crisis sobrevenida por la pandemia del Covid-19”. Asimismo, destacó “la respuesta solidaria del Gobierno de España”, y reivindicó “el conjunto de medidas económicas y sociales impulsadas para atender a todos los colectivos, especialmente los más vulnerables”.
Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de Covid-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año. En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.
madrid
El Gobierno central aprobó ayer las nuevas condiciones que regirán los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) relacionados con la pandemia de la Covid-19 hasta el 30 de septiembre. Estos ERTE –bajo los que han llegado a estar 3,38 millones de trabajadores y 500.000 empresas, y en los que aún sigue 1,9 millones– el Gobierno establece esquemas de exoneración diferentes según el mes, el tamaño de la empresa y si el trabajador está o no incorporado a la actividad que van desde el 70 al 25%.
El objetivo del nuevo planteamiento es facilitar el tránsito de la fuerza mayor, una vez concluido el estado de alarma, a los ERTE denominados ETOP vía estos esquemas de transición. También se añade un nuevo esquema para volver al ERTE de fuerza mayor en caso de rebrotes. En estos casos, que tienen que ser aprobados por las autoridades laborales, se establece una exoneración en las cotizaciones a la Seguridad Social del 80% para los trabajadores inactivos y del 60% para los activos en el caso de las empresas de menos de 50 empleados, que bajan al 60% para los inactivos y al 40% para los activos para las empresas de más de 50 empleados. En el esquema vigente hasta el 30 de junio las exoneraciones de los ERTE por fuerza mayor oscilaban entre el 100% y el 30%.
En todos se mantienen las coberturas ampliadas en las prestaciones por desempleo para los afectados, así como otras exigencias a las empresas que se acojan a ellos: salvaguarda del empleo hasta 6 meses después de reiniciar la actividad, imposibilidad de operar en paraísos fiscales o de repartir dividendos. Las empresas acogidas a ERTE tampoco no podrán permitir que sus trabajadores realicen horas extra, ni podrán llevar a cabo nuevas contrataciones o subcontrataciones (salvo que se trate de una categoría profesional que no exista en su empresa).
En el conjunto del Estado, la firma de hipotecas cayó en abril un 18,4%, hasta las 23.840, lo que supone su mayor retroceso en el mes en tres años, según el INE.
