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Los catalanes destinan un 36% del sueldo a pagar el alquiler

Actualizada 13/05/2021 a las 14:45

Diez puntos más que hace cinco años

Imatge d’arxiu d’un pis de lloguer a Lleida.

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© Imatge d’arxiu d’un pis de lloguer a Lleida.

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Los catalanes destinan un 36% del sueldo a pagar el alquiler, 10 puntos más que hace cinco años, según el informe "El derecho a la vivienda" del Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC).

Entre 2015 y 2020, en Barcelona el porcentaje de sueldo que hay que dedicar a pagar el arrendamiento ha pasado del 29,8% del 2015 al 39,4% del 2020. En el área metropolitana, los resultados son similares, con sólo una décima de diferencia.

El 35,2% de las personas que viven de alquiler en la demarcación dedican más de un 40% de sus ingresos a los gastos de vivienda. A propósito de eso, el CTESC reclama aprovechar los fondos europeos para aumentar el parque público de vivienda de alquiler del 2% al 15% en 20 años e incrementar el gasto público en vivienda hasta el 1% del PIB.

En la misma línea, la cuota hipotecaria para la compra de una vivienda ha pasado de comerse el 30,1% del sueldo al 34,5% de los ingresos de los catalanes. En la ciudad de Barcelona, esta cifra se eleva desde el 36,3% al 40,2%.

El porcentaje de hogares catalanes que tienen alquiler social sitúa Catalunya en una posición baja con respecto a la UE, donde los países punteros son Holanda (30%), Austria (24%), Dinamarca (21%9), Reino Unido, (21%), Francia (16,8%) y Finlàndia(12%). Por este motivo, el CTESC propone hacer uso de los recursos Next Generation para generar un parque de vivienda pública permanente equiparable a las economías más ricas de la UE.

Además, piden un gran pacto público y privado entre el Gobierno, los ayuntamientos y los promotores públicos y privados y los agentes sociales para empezar a construir el más bien posible, y a ritmos de 25.000 viviendas el año, "un parque diversificado de viviendas de venta y de alquiler".

En los últimos 20 años se ha registrado una reducción de la vivienda en propiedad, que ha pasado de representar el 79,1% del total en el 2001 a ser el 68,8% del 2020.

En este sentido, los pisos de alquiler han subido del 16,6% al 26,7% desde el 2001.Los precios de las viviendas de propiedad y de alquiler han subido a medida que se consolidaba el crecimiento económico posterior a la crisis del 2008. Así pues, el precio de la vivienda de compra se ha incrementado el 28,9% en el conjunto de Catalunya entre el 2014 y el 2020, mientras que en el caso del alquiler lo ha hecho el 36,1%.

Estos fuertes incrementos contrastan con la evolución de la renta media, que ha pasado de ser 678 a 734 euros entre 2008 y 2020.

La diferencia entre el aumento del precio de los pisos y de los sueldos también explica que se haya ampliado el periodo necesario para comprar una vivienda. Si en el 2015 un trabajador tenía que esperar 6,9 años a comprar un piso, en el 2020 esta brecha ha subido hasta los 8,5 años. En Barcelona, el incremento todavía es mayor pasando de 9,3 a 12,1 años de espera.

El CTESC indica que esta tendencia "obliga a muchas familias a destinar una proporción muy elevada de sus ingresos al pago de los gastos de vivienda".

Es más, añaden que este problema se agrava por la dimensión tan reducida del parque público de vivienda. "La falta de una oferta suficiente de viviendas con protección hace que no haya un contrapeso real de los precios de mercado", asegura el informe.

En este punto, el CTESC reclama que no se pidan ingresos mínimos para acceder a una vivienda.Por otra parte, proponen consensuar un nuevo pacto nacional que considere la vivienda un pilar fundamental del Estado del bienestar y aprobar definitivamente el plan sectorial territorial de la vivienda.

Otra de las peticiones de los expertos es que la vivienda pública mantenga su calificación permanentemente, y que se den ayudas para el pago de los pisos. Además, reclaman que se fomente la construcción de nuevas viviendas dirigidas a políticas sociales y conseguir que el Instituto Catalán de Finanzas pueda hacer de sustentador de la financiación público de la vivienda.

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