Las reclamaciones relacionadas con la electricidad se disparan un 59,4% en el 2021 con respecto al año pasado

Las reclamaciones relacionadas con la electricidad se han disparado un 59,4% en el 2021 con respecto al año pasado, según los datos de la Agencia Catalana de Consumo del Departamento de Empresa y Trabajo. Durante este año, la ACC ha recibido 2.573 reclamaciones, con respecto a las 1.614 gestionadas en el 2020. La mayoría de las quejas (61,4%) tienen que ver con desacuerdos con los importes facturados, incluidos los casos de periodos no facturados y la dificultad posterior en fraccionar el pago. El 15,9% de las reclamaciones son por controversias sobre las condiciones del contrato, mientras que el 4,6% están relacionadas con problemas derivados de la prestación del servicio.

Según los datos de la ACC, el 43,36% de las reclamaciones presentadas a la agencia se han resuelto por medio de la mediación y el arbitraje de consumo, que son vías alternativas y extrajudiciales de resolución de conflictos, voluntarias y gratuitas. Del total de las gestionadas el año pasado, casi el 53% se resolvieron por esta vía.

En la demarcación de Lleida se han gestionado 233 reclamaciones sobre el sector eléctrico, muy por encima de las 106 del 2020. Un 61,8% hacen referencia a problemas de facturación o cobro, el 12,4% a las condiciones contractuales y el 4,7% a la disconformidad con el precio o la tarifa aplicados.

Por otra parte, según explica la ACC en un comunicado, desde la entrada en vigor de la nuevas tarifas de la luz por los contratos de suministro doméstico el 1 de junio, la Agencia ha intensificado las actuaciones de control a compañías eléctricas. En este sentido, hay actuaciones de control abiertas a las diversas empresas comercializadoras de luz que operan en Catalunya para verificar si proporcionan información correcta y transparente a las personas consumidoras con respecto a precios y tarifas, así como ante cualquier modificación contractual. Así, por ejemplo, se comprueba que se ofrezca la posibilidad de rescindir el contrato sin ninguna penalización, tal como recoge la normativa vigente.

Además, la inspección de consumo actúa en aquellos casos en que se detectan altas contractuales sin constancia de ningún tipo de solicitud, documento ni firma de las personas titulares, o bien cuando se omite la información precontractual previa y obligatoria sobre las condiciones de contratación.

Todos los consumidores, ante cualquier indicio de fraude, pueden denunciar a través de la web de Consumo para que el Gobierno haga las comprobaciones adecuadas. En casos del controversia sobre los importes facturados, los clientes tienen que reclamar a la empresa comercializadora y si no reciben respuesta en el plazo máximo de un mes, o si la respuesta no es satisfactoria, pueden dirigirse a los organismos públicos de consumo para tratar de resolver la reclamación mediante los mecanismos extrajudiciales y gratuitos de la mediación y el arbitraje.