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Acoso policial al referéndum

Actualizada 21/09/2017 a las 10:12
La Guardia Civil detiene a 14 personas, una decena de ellas cargos de la Generalitat, en una macrooperación contra el 1-O || Miles de personas salen a la calle para defender el voto
Unes 40.000 persones es van congregar ahir davant de la seu de la conselleria d’Economia a la cruïlla de rambla Catalunya amb Gran Via.

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© Unas 40.000 personas se congregaron ayer ante la sede de la conselleria de Economía en el cruce de Rambla Catalunya con Gran Vía.

EFE
Unes 40.000 persones es van congregar ahir davant de la seu de la conselleria d’Economia a la cruïlla de rambla Catalunya amb Gran Via.

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© Unas 40.000 personas se congregaron ayer ante la sede de la conselleria de Economía en el cruce de Rambla Catalunya con Gran Vía.

EFE

Una macrooperación judicial ejecutada ayer por la Guardia Civil desde primera hora de la mañana se saldó con 14 detenidos tras 41 registros. Los detenidos forman parte del núcleo duro de la organización del referéndum del 1 de octubre. La Generalitat juzgó la intervención judicial y policial como la declaración del estado de excepción ‘de facto’.

Catorce detenidos entre un total de 20 investigados y 41 registros en sedes de la Generalitat, en empresas y domicilios particulares fue el saldo del asedio judicial que puso en marcha ayer la Guardia Civil contra la logística del referéndum del 1 de octubre. Decenas de agentes llevaron a cabo una macrooperación desde poco antes de las 8 de la mañana en Barcelona y fueron detenidas catorce personas, miembros del núcleo duro de la organización del referéndum del 1-O, entre ellos una decena de altos cargos de la Generalitat. El President, Carles Puigdemont, dijo que la intervención supone la “suspensión de facto de la autonomía” catalana, mientras que miles de personas salieron a la calle en numerosas ciudades catalanas y varias españolas para protestar por un asedio al 1-O que consideraron una “vergüenza”.

A primera hora de la mañana, la Guardia Civil detuvo por orden judicial a 14 personas por los preparativos del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación de la Generalitat.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga a una veintena de personas por presuntos delitos de malversación, prevaricación y desobediencia por la preparación del 1-O, ordenó los registros y en una de las empresas investigadas se hallaron unos diez millones de papeletas (ver página 4). A los pocos minutos de conocerse la operación de la Guardia Civil en consellerias de la Generalitat, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, comunicó la escasa información con que contaba a través de varias emisoras de radio mientras que el inicio de las detenciones provocó la inmediata convocatoria de ciudadanos frente a las sedes intervenidas.

Desde primera hora de la mañana, miles de personas se concentraron especialmente ante las dependencias de Junqueras, para expresar su repulsa por la operación policial.

Los manifestantes repetían consignas como “Votaremos” y “Nuestras armas son nuestras urnas” a la vez que entonaban el himno de Els Segadors.

Otro de los puntos calientes fue la sede de Exteriores en la Via Laietana: cuando agentes de la Guardia Civil trataban de sacar cajas con documentación, varias decenas de manifestantes se abalanzaron sobre ellos y los Mossos d’Esquadra, produciéndose momentos de tensión y empujones, que se reprodujeron por la tarde. También se han repetido esos momentos de tensión ante el domicilio de Sabadell (Barcelona) donde fue detenido Joan Ignasi Sánchez, asesor de Gobernación, y ante la sede de la CUP en Barcelona, adonde la Policía Nacional acudió a intervenir material de propaganda del 1-O del interior de dos vehículos. Sobre las 12.40 horas, tras reunir de urgencia al Executiu para analizar la situación creada por la operación de la Guardia Civil, Puigdemont acusó al Gobierno del Estado de “suspender de facto” la autonomía de Cataluña y “aplicar de facto un estado de excepción”, por lo que hizo un llamamiento a los catalanes a responder con “firmeza y serenidad” acudiendo a votar el 1-O. Puigdemont compareció en la galería gótica del Palau de la Generalitat, arropado por sus consellers, para leer en tono solemne una declaración institucional en la que ha condenado la “actitud totalitaria y antidemocrática del Estado”. Por otra parte, la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, recibió una orden del ministerio de Hacienda que declara el bloqueo presupuestario de gastos no fundamentales de la Generalitat, un mandato con el que el Govern cree se consuma la intervención de sus cuentas y queda suspendida de facto su autonomía financiera. También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, criticó la “deriva represora” del Estado, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusó al Gobierno de “enterrar la política y abrir definitivamente la puerta a la represión”.

El presidente del ejecutivo central, Mariano Rajoy, compareció a las 21.00 horas para leer un comunicado en el que exigió a Puigdemont que “renuncie de una vez” a celebrar el referéndum para “evitar males mayores”. Rajoy se había reunido con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por la mañana. El secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, compareció para valorar la reunión y respaldó las detenciones de cargos de la Generalitat porque son “conforme a derecho” y porque quien incumple y vulnera la ley se expone a las consecuencias y a que el Estado “reaccione”.

El líder del PSC, Miquel Iceta, pidió también a la Generalitat que renuncie a la “vía unilateral” y al referéndum para iniciar una “apertura inmediata de proceso de diálogo” con todas las fuerzas políticas.

Por su parte, la ANC y Òmnium Cultural hicieron un llamamiento a movilizarse de forma “tranquila”, pero también “firme” y “contundente”, porque ha llegado el momento de la “resistencia pacífica”, y convocaron movilizaciones en todos los municipios para el próximo domingo. Mientras, Interior cifró en cerca de 10 millones el número de papeletas que la Guardia Civil se incautó para el 1-O en el registro de una nave industrial de Bigues i Riells. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó también a las fiscalías provinciales de Catalunya investigar “las campañas de odio, amenazas y coacciones” dirigidas a alcaldes, funcionarios y particulares contrarios a colaborar con el 1-O. Entretanto, alcaldes de todo el territorio seguían declarando ayer ante el fiscal por presunta desobedicencia y prevariación.

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