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RELIGIÓN DECISIÓN INÉDITA

Los obispos chilenos renuncian

El papa Francisco, ayer en una audiencia en el Vaticano.

El papa Francisco, ayer en una audiencia en el Vaticano.EFE

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Todos los obispos chilenos pusieron ayer sus cargos en manos del papa Francisco al asumir sus “graves errores y omisiones” en los casos de abusos sexuales a menores en el país. Una decisión inédita en la Iglesia que llega después de que Francisco les convocase en el Vaticano y tras constatar que había sido mal informado sobre los abusos sexuales a menores, en particular en relación al caso de Juan Barros, acusado de encubrir al sacerdote Fernando Karadima. En la primera reunión, el papa les entregó un documento durísimo en el que indicaba “una serie de hechos reprobables”, en relación a los “inaceptables abusos de poder, de conciencia y sexuales”, explicaron los obispos. La carta contiene parte de la conclusiones de la extensa investigación que del arzobispo maltés, Charles Scicluna (ver desglose). Francisco afirmó que “los problemas que se viven dentro de la comunidad eclesial no se solucionan solamente abordando casos concretos” y advirtió a los obispos: “Cuidémonos de la tentación de querer salvarnos a nosotros mismos, salvar nuestra reputación, salvar el pellejo”.Ante estas consideraciones, a los obispos no les quedó otro remedio que “hacer un gesto colegial y solidario, para asumir los graves hechos ocurridos y para que el Santo Padre pueda, libremente, disponer de todos nosotros”, . También quisieron “pedir perdón por el dolor causado a las víctimas y al pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones”.

Encubrieron a religiosos y destruyeron pruebas ? El informe de la investigación, de más de 2.000 páginas, denuncia “que algunos religiosos, expulsados de sus órdenes por los abusos cometidos, fueron acogidos en otras diócesis y recibieron encargos que los llevaron a estar en contacto con niños”. También afirma que en “las denuncias recibidas en no pocos casos se calificaron muy superficialmente como inverosímiles lo que eran graves indicios de un efectivo delito”. También hubo “presiones contra los que debían encargarse de los procesos, además de la destrucción de documentos comprometedores en los archivos eclesiásticos”.

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