Discapacitados en la cuerda floja

La paciencia de los gestores de las entidades sociales y los discapacitados intelectuales de Lleida se agota. Tras diez años de ayudas congeladas se suma ahora la subida del 22% del sueldo mínimo interprofesional, que llega a los 900 euros desde este mes de enero y pone en la cuerda floja a los Centros Especiales de Trabajo (CETs). Según el gerente de Acudam y portavoz de la Federació Allem, Jordi Morillas, en la provincia de Lleida hay once empresas sin ánimo de lucro que contratan a cerca de 650 personas con discapacidad intelectual. “No tenemos ningún inconveniente en que se incremente el sueldo mínimo, pero la administración tiene que entender que supone un duro golpe para nuestro sector, que lleva diez años con las tarifas públicas congeladas y de golpe no puede afrontar un incremento del 22% de las nóminas”, explica Morillas, mientras asegura que “nos encontramos en una situación de colapso total y nos sentimos olvidados”. Para poder afrontar esta subida y “hacer que el golpe sea menos duro”, reclaman una inversión de 28 millones de euros más al año en materia de subvenciones para financiar un 75% de las nóminas de forma temporal −la subvención fijada por ley es de un 50%−. “La continuidad de nuestra labor está en peligro si no recibimos más apoyo de las administraciones”, asegura Morillas, al mismo tiempo que anuncia las primeras acciones de protesta para el próximo 31 de enero. En esta línea se expresan también entidades como Ilersis-Shalom o Talma, esta última con más de una veintena de trabajadores que se verán afectados por la nueva ley. Sin embargo, subrayan que “no solo afectará a nuestros puestos de trabajo, ya que deberemos reajustar todos los gastos y las tarifas y esto afectará todos los grupos de trabajo”. Las entidades agrupadas en Allem han lanzado un vídeo en las redes sociales para denunciar la situación y pedir más apoyo.

Según la directora de la entidad, deberán congelar el salario de los 350 trabajadores en plantilla

tàrrega

El Grup Alba de Tàrrega convocó recientemente dos reuniones con sus trabajadores para informarles de las medidas que impulsará con el fin de afrontar esta nueva ley. Y es que la entidad cuenta con 122 empleados en su centro de trabajo especial (CET) que cobran el salario mínimo, lo que supone un aumento de más de 200.000 euros en nóminas. La directora del Grup Alba, Maite Trepat, explicó que “incrementaremos las tarifas de nuestras servicios y productos, ofreceremos nuevos servicios y reduciremos los gastos, tanto en personal como en servicios externos, además de congelar el salario de toda la plantilla, de unos 350 trabajadores”. Trepat no pudo avanzar cuantos puestos de trabajo peligran ya que “las 122 personas del CET irán vinculadas con cada uno de los contratos que tenemos con las diferentes administraciones y empresas”. Asimismo, detalló que “algunas empresas ya nos han rescindido los contratos porque no pueden asumir el incremento del precio del servicio mientras que con otras hemos llegado a situaciones intermedias, con un aumento del precio pero reduciendo las horas”. La directora del Grup Alba pidió esfuerzo a las instituciones y empresas del territorio, si bien reconoció que “supone un salto muy grande, somos conscientes que es complicado aceptar subidas del precio de más de un 20 por ciento”.

Los trabajadores del CET del Grup Alba consultados por este periódico se mostraron satisfechos por el incremento del salario mínimo pero preocupados por la posibilidad de quedarse sin contrato si baja el trabajo y las empresas no renuevan sus servicios.