Una investigación de la UdL alerta de víctimas "invisibles" del tráfico de personas
Reclama más formación de los profesionales para detectar personas que se han visto empujadas a cometer delitos
Entrada principal de la sede del rectorado de la UdL.
El sistema policial y judicial español no detecta a muchas víctimas de tráfico de personas al margen de las que son explotadas sexualmente, como las que se han visto empujadas a cometer delitos. Para corregirlo, haría falta mejorar la formación de los profesionales, aplicar efectivamente la cláusula de exención de responsabilidad criminal ya prevista en el Código Penal e incluir otra de no procesamiento. Así lo indica una investigación liderada por la catedrática de Derecho Penal de la Universitat de Lleida (UdL), Carolina Villacampa. Las conclusiones se han publicado en dos artículos en International Review of Victimology y European Journal on Criminal Policy and Research.
La catedrática de la UdL ha trabajado con Núria Torres, de la Universidad Rovira i Virgili, entrevistando en primer lugar a internas de dos prisiones catalanas y después, profesionales del sistema de justicia penal y del ámbito asistencial a las víctimas. Las investigadoras han hablado con policías nacionales, mossos d'esquadra, fiscales, jueces, abogados, funcionariado de prisiones, miembros de ONG y personal de servicios de atención a las víctimas de delitos de tráfico en Madrid, Barcelona, Lleida y Tarragona.
Villacampa parte de la premisa de que hay que proteger a las víctimas del tráfico de seres humanos para explotación criminal en las mismos términos que las otras, como las explotadas sexualmente, de acuerdo con el principio de no punición de las víctimas. Un caso paradigmático es el de los renombres 'mulas' que transportan sustancias estupefacientes. "Desde que son detenidas, habitualmente en el mismo aeropuerto, son consideradas delincuentes, sin investigar su posible status de víctima de explotación," explica Villacampa.
La condición de delincuente que se atribuye a estas víctimas se mantiene durante todo el proceso judicial. "Los fiscales son reticentes a considerar las 'mulas' como víctimas, aludiendo tanto a la gravedad del delito cometido como al hecho de que el viaje supone una separación espacial y temporal de cualquier explotación sufrida", recoge el estudio. Una percepción que comparten los funcionarios de prisiones, para los cuales "la existencia de una condena parece suficiente para que estos profesionales no cuestionen si la persona puede ser también víctima de otro delito", según esta investigación.
La investigación liderada por la UdL revela que en el sistema español la identificación de las víctimas de tráfico de personas recae únicamente en la policía. Las investigadoras creen que la autoridad para detectarlas tendría que ir más allá de ciertos agentes especializados de las fuerzas de seguridad, incluyendo a otros profesionales, ya sean del sistema de justicia penal o de asistencia a las víctimas. "Habrá que hacer las modificaciones pertinentes al protocolo de protección de víctimas de tráfico de personas, que hoy por hoy limita la tarea de identificarlas a fuerzas policiales especializadas", afirman.
Las conclusiones también plantean que hay que mejorar la formación de los profesionales de la justicia penal "para entender que el tráfico es un fenómeno complejo que incluye también procesos de explotación de las víctimas en la comisión forzada de delitos". En este sentido, las investigadoras afirman que los profesionales "tienen que ser conscientes del significado y del contenido del principio de no punición a las víctimas de tráfico, cuya aplicación no se puede ver limitada a una determinada categoría de delitos o para víctimas de un determinado tipo de tráfico."
Además de ampliar la formación de los profesionales más allá de los casos de tráfico para explotación sexual, adicionalmente y a nivel regulador creen que "se tendría que tener en cuenta la inclusión en la legislación nacional española de una cláusula que condujera directamente a la ausencia de procesamiento de estas víctimas, a la vez que hay que fomentar" una interpretación menos restrictiva de la idea de proporcionalidad para aplicar la cláusula de no punición "a las víctimas de tráfico para la comisión forzada de delitos ya prevista en el Código Penal español".
