Endesa propone cofinanciar la deuda acumulada en Catalunya por la pobreza energética

Endesa ha compartido con las administraciones públicas una propuesta paracofinanciar el 50% de la deuda acumulada después de la aprobación de la ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. El objetivo es dar unasolución a las personas en situación de vulnerabilidad antes del próximo invierno.

Actualmente la compañía tiene detectadascerca de 25.000 personas vulnerables a Catalunya mediante los servicios sociales, los cuales suman unadeudade más de21 millones de euros –según datos a 30 de junio de 2019. De estas, sólo el 30% se han beneficiado de las ayudas y los descuentos del nuevo Bono Social, que se aprobó a finales del año 2017. Estas personas en situación de vulnerabilidad, tanto las que no se han acogido al Bono Social como las que sí, siguen acumulando deuda.

Por eso, y sobre la base de con respecto a la legalidad establecida, Endesa propone resolver esta situación mediante este compromiso entre las administraciones y la Compañía, con lavoluntad de liquidar la deuda pendiente de que se ha generado hasta el momento, dar solución a la situación a la que se enfrentan las familias vulnerables y evitar la interrupción de suministros.

Bono Social en Catalunya

Esta iniciativa se suma a los 15 millones de euros anualesque la Compañía ya destina a financiar las ayudas y los descuentos del Bono Social en Catalunya, descuentos que van desde el 25% al 40% del coste de la factura de la luz para personas vulnerables y vulnerables severos, así como el cofinanciamiento del 100% para los colectivos con el Bono Socialque están identificados como vulnerables severos en riesgo de exclusión social. Asimismo, se establecen medidas de protección para evitar el corte de suministro a otros colectivos como son las familias con hijos menores de 16 años, a personas en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Hay que recordar que esta normativa, además de facilitar ayudas y descuentos muy relevantes a las personas en situación de vulnerabilidad,evita la interrupción del servicioy establece un protocolo de cofinanciamiento entre las administraciones y empresas comercializadoras para asumir la deuda generada.