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Endesa lleva a juicio a una vecina de Lleida en situación de vulnerabilidad a quien reclama una deuda

  • ACN
Actualizada 10/10/2019 a las 12:56
La Alianza contra la Pobreza Energética considera que puede tratarse de una "nueva estrategia" de la compañía para "presionar" la Administración
Dolors Ortiz, veïna del barri de la Bordeta de Lleida, mostra factures d'Endesa al seu domicili.

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© Dolors Ortiz, veïna del barri de la Bordeta de Lleida, mostra factures d'Endesa al seu domicili.

ACN
Endesa ha interpuesto una demanda de juicio monitorio contra una vecina del barrio de la Bordeta de Lleida en situación de vulnerabilidad reconocida para reclamarle el pago de una deuda de 5.832 euros que acumula con la compañía por no poder hacer frente a las facturas de la luz de los últimos cuatro años. De acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2015, Endesa no puede cortarle el suministro pero ahora le reclama este dinero por la vía civil. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) han mostrado su "preocupación" por el hecho de que no se trate de un caso aislado sino de una "nueva estrategia por parte de la compañía" para "presionar a la Administración para acabar cobrando de las arcas públicas". Endesa lamenta la situación de esta vecina de Lleida y emplaza al Govern a firmar un convenio para evitar que "la deuda siga recayendo sobre las personas".

Dolors Ortiz tiene 50 años, está divorciada y hace años que no encuentra trabajo. Sufre artrosis degenerativa, desgaste de pies, urticaria crónica y ansiedad, que atribuye sobre todo a los "nervios" de la situación que lleva viviendo los últimos años. Reside en un piso en el barrio de la Bordeta de Lleida con su hija de 20 años que sufre trastornos alimenticios y de personalidad, pero hasta hace dos años también tenía a su cargo el otro hijo que tiene. Actualmente, percibe una ayuda social de 430 euros mensuales. El banco se quedó con su piso después de una ejecución hipotecaria pero se pudo quedar en él después de acordar un alquiler social, por el cual paga 108 euros al mes.

Las dificultades económicas también provocaron que empezara a no poder pagar las facturas de los suministros desde 2015, momento en el cual se dirigió a los Servicios Sociales y obtuvo el informe de riesgo de exclusión residencial, establecido en la Ley 24/2015, y evitar así el corte. No obstante, desde entonces ha acumulado una deuda con Endesa que supera los 5.800 euros, el cual, asegura, no puede asumir y pide la condonación.

Desde hace tiempo, Dolors Ortiz ha recibido cartas y correos electrónicos por parte de Endesa recordándole la deuda pendiente. Pero la semana pasada, recibió un comunicado donde se le notifica que Endesa ha interpuesto una demanda de juicio monitorio contra ella para reclamarle esta deuda que acumula con la compañía por el impago de las facturas de la luz.

En esta ocasión, Endesa ha optado por un juicio monitorio, un procedimiento más rápido y que en algunos casos no permite la solicitud de un abogado de oficio y la asistencia jurídica gratuita. En el caso de Ortiz, al tratarse de una reclamación de más de 2.000 euros, sí que necesita la intervención de abogado y procurador y ahora se encuentra a la espera de respuesta de su solicitud de abogado de oficio. Una vez le sea adjudicado, tendrá veinte días para oponerse a la demanda.

"Me ampara la ley y tengo informe de vulnerabilidad de cada año pero la compañía no ha cumplido y me ha llevado a juicio", lamenta esta vecina de Lleida, que agradece el apoyo que está recibiendo. "Saldré adelante, lucharé y acataré lo que digan pero Endesa tiene que cumplir la Ley 24/2015", de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, sostiene Ortiz.
La APE considera que puede tratarse "de una nueva estrategia de presión"
Desde la Alianza contra la Pobreza Energética han mostrado su "preocupación" por el hecho de que Endesa haya empezado a llevar a juicio a familias en situación de vulnerabilidad "a pesar de ser conocedores de su condición" con el fin de reclamarles su deuda acumulada. La portavoz de la APE, Maria Campuzano, advierte que el de esta vecina de Lleida puede no ser un caso aislado sino "una nueva estrategia por parte de la multinacional".

Campuzano lo considera "especialmente grave" teniendo en cuenta que actualmente se están produciendo las negociaciones entre la empresa y la Generalitat "para poner fin a esta deuda y liberar a muchas familias de la angustia que les genera tener facturas impagadas". En este sentido, la APE no descarta que se trate "de una táctica de presión más de cara a la Administración para conseguir sus objetivos".

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética advierten que el caso de Dolors Ortiz "puede marcar un antes y un después en las prácticas abusivas de Endesa hacia las familias vulnerables". "Es intolerable hacer pasar a estas familias por un procedimiento judicial cuando la empresa conoce perfectamente su situación económica y lo que supone para ellas tener que ir a juicio", lamenta Campuzano.

Según la APE, "Endesa demuestra su nulo compromiso en la lucha contra la pobreza energética y busca llevar al límite a las familias que la sufren con el fin de aumentar sus descomunales beneficios económicos a costa de la salud y la estabilidad de las propias familias". Desde la Alianza contra la Pobreza Energética ya han ofrecido su asesoramiento y apoyo a Ortiz y aseguran que seguirán atentos su caso y se ponen a disposición de otras familias que puedan encontrarse en la misma situación o ante otras "amenazas" por parte de compañías suministradoras.
Endesa emplaza al govern a firmar un convenio
Desde de Endesa lamentan la situación en la que se encuentra Dolors Ortiz y señalan que esta "refleja una problemática real y preocupante" porque "la deuda sigue recayendo sobre las personas si no se encuentra una rápida solución". La compañía insiste en la necesidad de establecer un convenio "que garantice la concesión de ayudas o descuentos que permitan evitar estas situaciones de endeudamiento, tal como establece la ley catalana."

Endesa remarca que "no tiene ninguna voluntad de interrumpir el suministro a clientes en situación de vulnerabilidad" y asegura que no lo ha hecho en los últimos cuatro años. La compañía expresa su voluntad de firmar este convenio a fin de que la Ley 24/2015 se pueda aplicar a las personas en situación de vulnerabilidad.
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