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El Govern sube las tarifas públicas de las residencias para dependientes severos

  • ACN / Redacció
Actualizada 07/11/2019 a las 12:50
El objetivo es llegar a los precios residenciales de los grandes dependientes en un máximo de dos años
Una habitació d'una residència de Lleida.

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© Una habitació d'una residència de Lleida.

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El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha publicado una nueva orden que supondrá un incremento de un 5,8% de las tarifas públicas de las residencias para dependientes severos. El Govern asumirá el coste del 2019, calculado en 14,2 millones de euros. El objetivo es que las tarifas residenciales de los usuarios con grado 2 (dependencia severa) se igualen con las de grado 3 (gran dependencia) en un plazo máximo de dos años. La plaza costará 1.869,41 euros en las dos categorías. Esta subida permitirá mejorar la calidad asistencial y también las condiciones laborales de los trabajadores de este sector. El departamento argumenta que las exigencias de atención a un usuario de grado 2 y de grado 3 cada vez son más semejantes, ya que ambos acostumbran a ser perfiles de enfermos crónicos de complejidad y discapacidad similar.

Los usuarios de grado 2 ya representan el 50% del total de personas que se encuentran en residencias. En 2012 eran el 35%. En cambio, los de grado 3 han pasado de ser el 65% al 50. Hasta ahora, la cartera de servicios sociales de 2011 establecía una tarifa diferente, con una diferencia de unos 300 euros entre los diferentes graus.

En Cataluña existen 39.936 plazas residenciales que reciben financiación pública y que dan cobertura al 8,3% del total de personas mayores de 80 años. Es un dato superior a la de cualquier comunidad autònoma.

El Govern asume el coste de este incremento a la espera de que el ejecutivo español aumente la financiación de la atención en la dependencia a las comunidades autónomas, congelado desde el 2011. Este año se han invertido unos 1.550 millones de euros. La Generalitat aporta el 88% de los recursos públicos aunque la Ley de dependencia establece que se tendría que financiar a partes iguales.
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