Alerta por la campaña de fruta

La pandemia del coronavirus disparó días atrás las ventas de las centrales frutícolas de Lleida entre un 50 y un 100% dependiendo de especies y variedades al dispararse las compras de los consumidores. Si eso provocó tensiones para cubrir la demanda, ahora el problema es otro, dado que los fruticultores temen que las restricciones en los movimientos y en el transporte de trabajadores se convierta en un nuevo quebradero de cabeza para el sector en puertas del inicio del aclarado de los frutales. Así lo advirtió ayer el presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, que calcula que la próxima semana se deberá comenzar los trabajos en variedades de fruta de hueso, teniendo en cuenta que el desarrollo de los árboles están mostrando un adelanto de campaña de entre ocho y diez días.

Roqué advierte que muchos de los temporeros que puedan ser empleados en las fincas carecen de vehículo, por lo que es el propio agricultor quien les traslada al puesto de trabajo. En este punto pidió aclaraciones sobre el decreto que restringe los movimientos en principio solo permite una persona por vehículo particular, el propio conductor. Roqué se quejó de que “en los agricultores y ganaderos parece que nadie piensa, cuando somos un sector fundamental para la economía y el territorio”.

El real decreto señala que, mientras dure el estado de alarma, solo se podrá circular en coche “individualmente, salvo en el caso de que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada”. En caso de que tengan que ir dos personas en un mismo vehículo deberán ir lo más separadas posible, por ejemplo, en los asientos traseros. Otra de las dudas que suscita la situación de alarma sanitaria se refiere a la obligatoriedad de que el agricultor deba ofrecer alojamiento a aquellos trabajadores temporeros llegados de un radio superior a los 80 kilómetro de distancia. Los payeses se preguntan que tipo de alojamiento ha de ser teniendo en cuenta las medidas sanitarias extremas.

Por su parte, el presidente de Afrucat, Francesc Torres, dijo que la patronal frutícola ha constatado que agentes policiales están multando vehículos compartidos de personal que se desplaza a su puesto de trabajo conjuntamente. Esta situación se da sin tener en cuenta que en el sector agroalimentario de las frutas y hortalizas (ya sea por tareas en el campo o las centrales de confección) es normal el transporte colectivo.