El juicio a Companys será nulo

El Consejo de Ministros prevé aprobar la próxima semana, en su reunión del martes, el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que anulará las condenas y sanciones por “razones políticas, ideológicas, de conciencia o de creencia religiosa” que se dictaron durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, entre ellas la del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado el 15 de octubre de 1940 en el Camp de la Bota de Montjuïc. Esta anulación se extendería a los casi 11.000 leridanos, como Companys, que fueron represaliados por los tribunales fascistas con juicios sumarísimos por causas ideológicas o políticas (ver desglose). La anulación llegaría cuando se cumplen 80 años del fusilamiento de Companys y después de años de reivindicación desde Catalunya.

El anteproyecto, además de buscar la ilegalización de entidades cono la Fundación Francisco Franco o las que hagan apología de la violencia y el odio hacia las víctimas, también hace referencia a la retirada de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, así como condecoraciones y recompensas o supresión de títulos nobiliarios, como podría ser el caso del policía franquista Antonio González Pacheco, conocido como “Billy el Niño”, ya fallecido. Según esta información, el Gobierno también contempla un régimen sancionador para infracciones para evitar las “humillaciones”, especialmente en espacios públicos y apuesta por la creación de una Fiscalía para investigar hechos de la Guerra Civil o de la dictadura que puedan constituir violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Asimismo, el anteproyecto reconoce al Estado como responsable para encontrar a los desaparecidos durante la contienda y la dictadura y prevé un plan de exhumación de fosas, así como la creación de un banco de ADN. También, según estas informaciones, la nueva ley quiere reconocer y dignificar el rol de las mujeres durante el franquismo, ya que muchas fueron humilladas, vejadas, asesinadas o violadas por el hecho de ser madres o hijas de perseguidos por la dictadura.

Procesos ‘sumarísimos’ a cerca de 11.000 leridanos, 400 ejecutados

Comandantes del ejército franquista y alemán subiendo a la Seu Vella en 1938 / VICTOR HORN

La dictadura franquista sometió a juicios políticos a cerca de 11.000 leridanos, de los que 400 acabaron siendo ejecutados por unos procesos que en julio de 2017 el Parlament de Catalunya ya declaró nulos. Según un informe del Arxiu Nacional de Catalunya y tal como publicó SEGRE, en Lleida 10.849 personas fueron represaliadas por el régimen franquista, de las que 389 fueron ejecutadas durante la Guerra Civil y entre 1939 y 1945. El estudio señala que las primeras sentencias de muerte en Catalunya se produjeron en 1938, año en el que cayó Lleida en manos de los sublevados, afectando sobre todo a las comarcas del Segrià y Les Garrigues, donde uno de cada diez represaliados acabó siendo ejecutado. Tras la aprobación del Parlament de la ley que anulaba los juicios sumarísimos, la conselleria de Justicia emite certificados de anulación a petición de los familiares de las víctimas. La solicitud se puede hacer a través del 112, en la sede de Justicia en Lleida o a través de la web del departamento.