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Los familiares que denuncian a la Llar de Sant Josep de Lleida por la muerte de 36 residentes declararán como testigos en marzo

  • ACN
Actualizada 22/12/2020 a las 10:37

El juez pregunta al CAP Primer de Maig si negaron atención sanitaria, tal como asegura la directora de la residencia

Una empresa va desinfectar la Llar de Sant Josep a inicis d’abril.

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© Una empresa desinfectó la Llar de Sant Josep a principios de abril.

AMADO FORROLLA

El juzgado de instrucción número 1 de Lleida, que investiga la gestión de la residencia Llar Sant Josep de Lleida, donde durante la primera ola de covid-19 murieron 36 de los 89 residentes, ha citado a declarar familiares como testigos. Cuatro lo harán el 10 de marzo de 2021 y 4 el 24 de marzo, todos a las 10 de la mañana. El magistrado decide seguir con la fase de instrucción, aunque el abogado de la directora de la Llar de Sant Josep pedía el archivamient del caso. Así, solicita al CAP Primer de Maig de Lleida que informe si se negó la atención sanitaria en la residencia y, si es así por que. Este CAP está situado ante la residencia y, según la directora investigada, durante la primera ola de covid-19 pidió ayuda al CAP pero los médicos no fueron.

El juez ya tomó declaración el 9 de octubre pasado a la directora de centro, que aseguró que estuvieron sin médico del 16 al 26 de marzo pero que ella hizo "todo lo posible" para atender a los usuarios. Según explicó entonces el abogado de las familias, Xavier Prats, la directora del centro declaró que intentó contratar a más médicos y pidió ayuda al CAP Primer de Maig, situado en frente mismo, pero que los médicos no fueron porque tenían "miedo" del virus y que se sintió "sola".

Por este motivo, el abogado de la acusación particular, Xavier Prats, pedía que declararan en el juzgado los médicos del CAP. En esta línea, el juez, en la providencia notificada este martes, solicita al director del CAP que informe si, a consecuencia de la pandemia y concretamente entre marzo y en abril de 2020, se recibió demanda de ayuda de la residencia, si se le denegó la atención sanitaria a y, si fuera así, por qué motivo.

El abogado de la acusación, Xavier Prats, insiste en que hasta el 10 de abril en el centro estuvieron compartiendo habitación pacientes con covid-19 y pacientes que no lo tenían y añade que las infecciones por covid-19 fueron entre marzo y mayo y que a partir de junio no hubo ninguna víctima mortal por coronavirus en la residencia. Es por eso que considera que hubo "dejadez y mala gestión". Prats recuerda que la investigada ha presentado la renuncia a su cargo como directora de la residencia, por lo cual entiende que está reconociendo que su gestión no fue la correcta.

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