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JUSTICIA

Fiscalía abre diligencias por el boicot a un acto en la UdL

Investiga a los ocho jóvenes por un presunto delito contra el derecho de reunión || Pide un informe a los Mossos d’Esquadra

Los estudiantes que boicotearon el acto el miércoles por la tarde.

Los estudiantes que boicotearon el acto el miércoles por la tarde.LLEONARD DELSHAMS

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La Fiscalía de Lleida ha abierto diligencias para investigar a los ocho jóvenes que el miércoles por la tarde boicotearon un acto público en el salón Víctor Siurana de la Universitat de Lleida (UdL), una actitud que obligó al rector, Roberto Fernández, a suspenderlo. Un día después, el Ministerio Público decidió abrir una investigación a estos jóvenes por un presunto delito contra el derecho de reunión. Como publicó este jueves SEGRE, la polémica surgió cuando estos jóvenes irrumpieron en la presentación del informe La relació de la Universitat de Lleida amb les empreses y la conferencia del presidente de la Fundació Telefónica, Luis Solana, en el edificio del Rectorat de la UdL.

Los jóvenes, con una pancarta en la que rezaba el lema “Fora empreses privades de la universitat! No sou benvinguts”, bloquearon primero la entrada del rector y de los ponentes en el salón Víctor Siurana, aunque estos accedieron por otra puerta. Fernández les invitó a entrar en la sala para exponer su posición ante los asistentes a la jornada y los jóvenes se colocaron ante la mesa para impedir que se llevara a cabo el acto previsto gritando consignas y leyendo un manifiesto. En ese momento, el rector les invitó a salir, pero los jóvenes se negaron, lo que llevó a Fernández a suspender el acto ante su “actitud antidemocrática”.

Prevé penas de entre tres meses y tres años de prisión por impedir el derecho de reunión

Tras conocer los hechos, la Fiscalía ha decidido actuar de oficio y abrir diligencias contra los jóvenes por impedir un derecho fundamental como el de reunión. Asimismo, el Ministerio Público ha pedido un informe a los Mossos d’Esquadra sobre los hechos.

El Código Penal establece que las personas que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.

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