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© Imagen de una concentración en Lleida contra los recortes en educación el pasado mes de marzo.
Lleonard DelshamsLos contratos de los empleados públicos temporales tendrán un límite máximo de tres años. Así lo ha fijado el Gobierno central en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. Este tope que afecta tanto a la duración de un solo contrato como al encadenamiento de varias relaciones contractuales o nombramientos. Para ello, la administración central impulsará una modificación en la redacción del artículo 19.2 de la ley de PGE, para "despejar cualquier duda al respecto".
Esta medida entraría en vigor tras la aprobación de los presupuestos y solo afectaría a los contratos que se realicen a partir de esa fecha, de manera que "no tendría efectos retroactivos para aquellos trabajadores cuyos contratos están actualmente en vigor", indican fuentes del ministerio de Hacienda.
La temporalidad laboral afecta especialmente a los sectores de la Sanidad, la Justicia y la Educación, con tasas que pueden llegar al 30%.
