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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dado la razón al gobierno municipal de la Paeria en un litigio originado a raíz de una reclamación del grupo de Convergència i Unió en la Comisión de Garantía del derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP). CiU pedía copia de todos los informes y documentos justificativos de las subvenciones nominativas otorgadas por el Ayuntamiento de Lleida superiores a 100.000 euros desde el año 2012, hasta el 2016, ambos incluidos.
Según explica la Paeria, el gobierno municipal en ningún momento se opuso a esta demanda de información, pero visto el elevado coste económico que suponía expedir la información solicitada tal como lo había pedido el Grupo Municipal de CiU (en torno a 15.000 fotocopias), puso a su disposición la información mediante un escrito donde figuraba el departamento y el funcionario a quien se podían dirigir para indicar el día y la hora que pasarían a consultar los expedientes. Durante la consulta la persona encargada podría hacerles las copias de los documentos concretos que necesitaran. No obstante, la GAIP emitió una resolución en la cual dictaminaba que la información tenía que ser facilitada en la forma pedida por los concejales de CiU, es decir directamente con fotocopias de todos los expedientes.
El ayuntamiento recurrió ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa esta resolución de la GAIP, alegando que la información pedida ya había sido facilitada. La GAIP accedió al recurso contención administrativo que presentó el ayuntamiento de Lleida. Ahora el TSJC ha estimado las alegaciones del ayuntamiento y ha anulado la resolución de la GAIP.
