El Constitucional avala subvencionar a los colegios que segregan por sexo

El Tribunal Constitucional rechazó ayer el recurso del PSOE contra la ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) impulsada por el exministro Wert y avala así que se subvencione con dinero público a los colegios que segregan por sexos a sus alumnos (entre ellos los vinculados al Opus Dei, como Arabell y el Terraferma en Lleida), así como otros aspectos de la norma, como que la Religión sea una asignatura alternativa obligatoria. El pleno falló por mayoría de ocho votos contra cuatro y desestima así en su totalidad el recurso que presentó el grupo socialista en marzo de 2014. El recurso denunciaba contra varios puntos de la Lomce, además de la financiación pública de la educación separada por sexos, como la segregación de los alumnos en itinerarios académicos o que la asignatura de Religión sea una alternativa obligatoria. Al ser el recurso desestimado en su totalidad, también se confirman estos otros aspectos de la normativa, de modo que los alumnos deberán cursar Valores o bien Religión.

El Constitucional ya estimó parcialmente en febrero el recurso de la Generalitat contra esta misma ley y anuló la obligación de escolarizar (y pagar) en centros privados a alumnos que quieren el castellano como lengua vehicular y no haya opción en colegios públicos.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, celebró la decisión del TC. “Nadie está obligado a llevar a sus hijos a aquellos colegios con educación diferenciada, y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es reafirmar una situación que existe en otros países y también está tutelada por la convención de la Unesco”, subrayó. Por su parte, la portavoz socialista de Educación en el Congreso, Luz Martínez Seijo, consideró que existe un modelo educativo más “centrado en una ideología de la derecha que permite esa segregación” y llamó a cambiar la Constitución. El portavoz de Educación de Podemos, Javier Sánchez, calificó el fallo de “una malísima noticia para la educación de nuestro país” y defendió que “la educación que separa a niños y niñas es contraria a los valores democráticos y los derechos humanos”. La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, opinó que los colegios sostenidos con fondos públicos y que segregan por sexo no son inconstitucionales ni obligatorios. El sindicato CCOO cree que se trata de una “sentencia política que refuerza la las políticas segregadoras del PP, que no son del siglo XXI” y UGT se mostró “totalmente en contra de que ese tipo de educación sea pagada con dinero público”.

Por su parte, los defensores de los centros que segregan a los alumnos por sexos aseguran que educar a niños y niñas por separado da mejores resultados académicos.

La Fapac cree que se debe invertir en “otros tipos de segregación” La portavoz en Lleida de la Federación de Asociaciones de Padres de Catalunya, Elisa Solé, opinó que “el dinero público no debería ir a centros que segregan por sexos cuando hay otros tipos de segregación (en referencia a la acumulación de alumnos de origen extranjero en la pública) donde se debería invertir”. En cambio, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos defiende el aval a “la libertad de los padres”.