TRIBUNALES CONFLICTO CATALÁN
Fiscalía pide archivar la querella contra Manso y Pérez de los Cobos
También se opone a la orden del juez de identificar a todos los policías de las cargas del 1-O en Lleida || La causa fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 1
Imagen de las cargas policiales en el colegio electoral habilitado el 1-O en el CAP de Cappont.
La Fiscalía de Lleida ha pedido que se archive la causa contra la exdelegada del Gobierno central en Lleida, Inma Manso, y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y se deje sin efecto las diligencias pedidas ya por el juez, como la identificación de los agentes que participaron en las cargas del 1-O en Lleida. Según informó ayer en un comunicado la Fiscalía Superior de Catalunya, el Ministerio Público ha interpuesto un recurso de reforma y subsidiario contra el auto del pasado 27 de septiembre, dictado por el Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, por el que admitió la querella presentada por la Associació Advocacia per la Democràcia contra Manso, Pérez de los Cobos y otros cargos intermedios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Con este recurso, la Fiscalía insta al magistrado a inadmitir esta querella y archivar las diligencias hechas hasta ahora.
Entre ellas, el juez ordenó identificar a todos los policías que participaron en las cargas durante el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 en doce colegios electorales de la demarcación de Lleida. Tras conocer la postura de la Fiscalía, Advocacia per la Democràcia señaló, a través de las redes sociales, que pedir el archivo de la causa antes de que se haga ninguna diligencia no responde a la obligación de velar por los intereses de las víctimas. Sin embargo, afirmó que no han recibido ninguna notificación por vía oficial de la postura de la Fiscalía. En su querella, la asociación de abogados ha presentado imágenes y vídeos que “demuestran el uso injustificado y excesivo de la violencia, que tenía como único objetivo infligir miedo a los ciudadanos”. Por estos motivos, los letrados leridanos creen que se vulneraron los derechos fundamentales y que se incurrió en delitos de tortura, prevaricación y desórdenes públicos, entre otros. Estos podrían ser castigados con penas de cinco años de prisión como mínimo. La admisión a trámite de esta querella es la primera resolución judicial contraria al operativo policial en Ponent y la de mayor importancia, ya que engloba a todos los agentes. En las cargas del 1-O, 123 personas resultaron heridas en la provincia, siendo un millar en toda Catalunya.
