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La discapacitada que denunció abusos en grupo en Lleida es "fácilmente manipulable"

  • Redacció
Actualizada 10/01/2019 a las 18:38
Uno de los acusados reconoce relaciones sexuales "consentidas" y el otro niega los hechos
Els dos acusats, aquest dijous durant el judici a l'Audiència de Lleida.

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© Els dos acusats, aquest dijous durant el judici a l'Audiència de Lleida.

Amado Forrolla
La joven con discapacidad intelectual que denunció abusos sexuales en grupo en Lleida es "fácilmente manipulable" y "no puede sostener una mentira en el tiempo", según la psicóloga que la atendió en el momento de los hechos y que este jueves ha declarado en el juicio en la Audiencia. Por su parte, la víctima ha mantenido que fue forzada a tener relaciones sexuales y que no fue capaz de reaccionar para pararlas.

También han declarado dos de los acusados, de 26 y 19 años y vecinos de Lleida, ya que un tercero implicado ya fue condenado por el juzgado de Menores porque no tenía los 18 años cuando se produjeron los hechos, aunque la pena no ha trascendido. Uno de ellos ha reconocido que mantuvo relaciones sexuales con la chica, pero asegura que fueron "consentidas" y que incluso fue la joven quien llevó la iniciativa. El otro ha asegurado que sólo estaba mirando y haciendo alguna fotografía.

Los hechos se produjeron el 22 de mayo de 2017, cuando la mujer se dirigió junto a los tres investigados a la vivienda del menor después de conocerse en un bar de la avenida Alcalde Porqueres. Fue allí donde se produjeron los supuestos abusos.

La Fiscalía considera que los dos acusados son autores de un delito de abuso sexual y no de agresión sexual porque no hubo ni violencia ni intimidación. Además de una pena de siete años de prisión, el Ministerio Público también solicita que se les prohíba acercarse o comunicarse con la víctima durante cinco años y que la indemnicen con 6.000 euros por daños morales.

Los dos hombres estuvieron encarcelados preventivamente durante medio año. El juzgado de Instrucción número 1 de Lleida decretó el ingreso en la prisión después de la detención, pero los dejó en libertad con cargos en noviembre de aquel año al considerar que no había riesgo de fuga, de reincidencia o de destrucción de pruebas. Sin embargo, el juez decretó medidas cautelares como comparecencias los días 1 y 15 de cada mes y la prohibición de abandonar España.
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