El juez admite a trámite el recurso del Comú contra el POUM, que no se paraliza

El Comú anunció ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha admitido a trámite su demanda contra Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) que presentó “por nulidad de procedimiento”, por lo que “queda impugnado”, afirmó Sergi Talamonte, portavoz del Comú. “Ante esta situación, apelamos al sentido común para detener la tramitación del plan urbanístico y no llevar al pleno la aprobación provisional a dos meses de las elecciones”, indicó. Por ello, pidió “sensatez” a Cs y PP, que tienen en sus manos evitar la aprobación. Asimismo, propuso “volver a abrir el proceso para hacer el nuevo POUM durante el próximo mandato buscando un consenso de ciudad” y “hacer una segunda aprobación inicial esta vez pidiendo la preceptiva autorización a la Generalitat”. “Es la única forma de no desperdiciar el trabajo y los estudios técnicos valorados en más de medio millón, subsanando el procedimiento y haciéndolo bien”, señaló. Talamonte apuntó que otra posibilidad para paralizar el POUM sería “pactar después de las elecciones” con los grupos contrarios al plan.

El alcalde, Fèlix Larrosa, replicó que “el POUM no se paraliza”. Aseguró que la admisión a trámite del contencioso “no impugna la tramitación, que se ajusta a la normativa”. “Sabemos que tenemos razón y confiamos en que el contencioso se resolverá a favor nuestro y que los representantes del Comú, especialistas en perder demandas, quedarán desautorizados”, indicó, y añadió que sus afirmaciones demuestran “un desconocimiento del funcionamiento del sistema judicial, y equivale a mentir, jugar a la confusión y crear cortinas de humo”. Lamentó que “pretenda ganar en los tribunales lo que pierde democráticamente” y recordó que, tras su aprobación en fase inicial en 2014 y de que la Generalitat informara favorablemente en 2015, la Paeria abrió un proceso participativo. Según el ayuntamiento, la admisión a trámite del contencioso fue en noviembre (el Comú dice que fue en diciembre) y el 5 de diciembre, el juzgado admitió a trámite la prueba pericial del consistorio.