El jurado declara al cazador de Aspa culpable de dos asesinatos con alevosía

El jurado popular declaró ayer por unanimidad culpable a Ismael Rodríguez Clemente de dos delitos de asesinato con alevosía por matar a los dos agentes rurales en el coto de caza de Aspa el 21 de enero de 2017. Considera que las víctimas no pudieron defenderse, descarta trastorno mental del cazador y admite la atenuante de confesión.

Culpable de dos asesinatos con alevosía. Este fue el veredicto que emitió ayer el jurado popular contra Ismael Rodríguez Clemente, juzgado esta semana en la Audiencia de Lleida por matar a tiros a los agentes rurales de Lleida Xavier Ribes, de 43 años, y David Iglesias, de 39, en el coto de caza de Aspa el 21 de enero de 2017. Los siete hombres y las dos mujeres que han formado parte del jurado declararon ayer al procesado culpable de dos delitos de asesinato por unanimidad al considerar probado que las víctimas, que recibieron dos disparos cada una en zonas vitales, no pudieron defenderse, ya que no iban armados y ni siquiera pudieron accionar el botón de emergencias de su walkie-talkie. Según el veredicto, el cazador recargó el arma y efectuó los disparos a muy corta distancia. Por todo ello, ve probado que Rodríguez “disparó con intención de acabar con la vida” de los rurales, con tiros “precisos” y en zonas vitales, aunque no que lo hiciera para ocultar que tenía la licencia caducada. “Solo él sabe por qué los mató”, señaló la presidenta del jurado. Aunque no ha quedado probado el móvil, sí fue unánime el jurado al considerar que el cazador no disponía de la licencia en vigor, que entró en el coto sin permiso y que no sufre ningún trastorno mental que le anulara sus capacidades volitivas y cognitivas. En definitiva, que tenía voluntad de hacer lo que hizo y que era consciente de ello. En su veredicto, el jurado apreció, por tanto, el delito de tenencia ilícita de armas y otro contra la fauna y la flora. También un delito de atentado, porque los rurales iban uniformados y estaban de servicio. Asimismo, tuvo en cuenta el atenuante de confesión, ya que el procesado llamó al 112 tras los hechos. En cuanto al otro acusado, Miguel Ángel Fernández Sáez, fue declarado culpable de cooperador necesario de tenencia ilícita de armas. Fiscalía y acusaciones le piden un año de prisión.

El juez impondrá ahora una condena de entre 40 y 51 años de prisión El juez que ha presidido esta semana el juicio contra Ismael Rodríguez Clemente será el encargado ahora de imponer una condena en función del veredicto del jurado. Las penas de prisión serán de entre 40 y 51 años. Tras conocer la decisión del jurado, la Fiscalía modificó su petición, que rebajó ligeramente, por lo que solicita una condena de casi 46 años de cárcel para el cazador de 30 años por dos delitos de asesinato, en concurso ideal con el de atentado a la autoridad (22 años y cinco meses por cada uno), un delito de tenencia ilícita de armas (1 año de cárcel) y una multa de 2.880 euros por un delito contra la fauna y la flora (por no pagar el acceso al coto). De esta forma, el Ministerio Público rebajó su petición inicial de 48 años de prisión después de que el jurado solo viera probada la alevosía, pero no que matara a los rurales para encubrir otros delitos (la licencia caducada), y tuviera en cuenta la atenuante de confesión. Por su parte, la acusación particular, de las familias de las víctimas, mantuvo su petición de 51 años de prisión, igual que las acusaciones populares de los Agentes Rurales y de la Federación Catalana de Caza. Entretanto, la defensa solicitó que se le imponga a Rodríguez un total de 40 años y medio de cárcel: 20 años por cada asesinato y seis meses por la tenencia ilícita de armas. En cuanto a la indemnización a las familias de los dos rurales, será también el juez quien decida la cuantía, a la que deberá afrontar, según las partes, también la aseguradora de Rodríguez. Las acusaciones elevan la indemnización a más de un millón de euros. Por su parte, la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, calificó el veredicto de “justo” y expresó su voluntad de seguir trabajando para reforzar la seguridad de los Agentes Rurales. Unas medidas que la Associació Profesional de Agents Rurals (Asparc) ve necesario aumentar.