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TRIBUNALES REFERÉNDUM

Archivan la querella contra Manso y De los Cobos por el 1-O en Lleida

Actualizada 28/03/2019 a las 09:46
La Audiencia cierra el caso que un juzgado mantenía abierto por las cargas policiales || Dice que es “un planteamiento genérico” con “responsabilidad inespecífica”
Càrrega de la Policia Nacional al col·legi de la Mariola.

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© Càrrega de la Policia Nacional al col·legi de la Mariola.

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La Audiencia de Lleida ha archivado la querella contra la exdelegada del Gobierno central en Lleida Inma Manso, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y otros mandos por las cargas policiales que hubo durante el 1 de Octubre en Lleida. El tribunal considera que se trata de “un planteamiento tan genérico y una atribución de responsabilidad tan inespecífica que no puede servir de bases para la iniciación de una investigación penal”. El juzgado de Instrucción número 1 de Lleida admitió a trámite la querella presentada por la Associació Advocacia per la Democràcia de Lleida y ordenó identificar a todos los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que participaron en las cargas en doce colegios electorales de la demarcación de Lleida durante la celebración del referéndum del 1 de octubre, así como entregar las comunicaciones entre estos cuerpos policiales y la sala de coordinación del dispositivo del 1-O. La Fiscalía pidió el archivo ante el juzgado de Instrucción, que lo rechazó por haberlo presentado fuera de plazo (el periodo de presentación acababa a las tres del mediodía del 26 de octubre y se interpuso el día 29). Sin embargo, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación ante la Audiencia, que le ha dado la razón, por lo que revoca y no admite a trámite la querella, “dejando sin efectos las diligencias de investigación acordadas”. El archivo de la causa que es firme.

En la querella, y como pruebas, Advocacia per la Democràcia presentó imágenes y vídeos que “demuestran el uso injustificado y excesivo de la violencia, que tenía como único objetivo infligir miedo a los ciudadanos”. Advocacia aseguraba que se vulneraron los derechos fundamentales y que se incurrió en delitos de tortura −penados con entre 2 y 6 años de cárcel y la inhabilitación absoluta del cargo−, prevaricación y desórdenes públicos.

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