Condenado a diez años de cárcel por abusos reiterados a su hijastra

La Audiencia de Lleida ha condenado a 10 años de prisión a un vecino de Lleida, Joseph Belinga, por haber abusado sexualmente durante cinco años de su hijastra cuando esta tenía entre 11 y 15 años. Además, y pese a que la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Audiencia ha decretado el ingreso en prisión del acusado, que hasta ahora se encontraba en libertad con cargos. El hombre ha ingresado esta semana en el Centre Penitenciari Ponent, según informaron ayer fuentes judiciales.

El tribunal considera probado que el ahora condenado, “aprovechando que la madre dormía o estaba ausente, procedió en numerosas ocasiones a efectuar tocamientos a la menor en su zona genital”. Los abusos se prolongaron entre el verano del año 2010 y el verano de 2014. La víctima, que ahora tiene 20 años, explicó en el juicio celebrado el pasado 19 de septiembre que denunció el caso cuando su madre y el agresor ya habían puesto fin a su relación “porque sospechaba que a mi hermana [hija del condenado y de su madre] podía estar sucediéndole lo mismo que me pasó a mí”. Protegida por una mampara, la chica relató que los abusos empezaron cuando tenía 11 años. “Me hacía masajes en los pies hasta que subía a los genitales, me quedaba congelada y no sabía cómo reaccionar.” También aseguró que “se colaba en mi habitación”. La madre de la denunciante y expareja del condenado declaró que “mi hija nunca me había mentido, cómo tenía que hacerlo en una cosa así”. Los psicólogos del Equipo de Atención a la Víctima dieron credibilidad al relato de la joven y descartaron que fabulara. Por su parte, el agresor aseguró que “soy inocente, la traté como si fuera mi hija”, y afirmó que la denuncia era una revancha por la ruptura de la pareja. Su letrado pidió la absolución.

Condenado por un delito continuado de abusos sexuales, el tribunal también impone al hombre una orden de alejamiento y de comunicación de 11 años y otros 6 de libertad vigilada. Asimismo le obliga a indemnizar a la víctima con 9.000 euros. “El dinero no reparará todos los años de sufrimiento”, dijo la víctima, que todavía sigue en tratamiento psicológico.