A juicio por hacer contratos falsos para cobrar el paro

La Fiscalía solicita sendas condenas de siete años de prisión para dos hombres acusados de formar parte de una sociedad para simular la contratación de 37 trabajadores para darles de alta en la Seguridad Social y posteriormente cobrar el paro. El Ministerio Público considera que los dos acusados son autores de dos delitos contra la seguridad social y de un delito continuado de falsedad documental. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles en la Audiencia de Lleida, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Los hechos ocurrieron entre los años 2014 y 2016 y, según el fiscal, uno de los acusados constituyó una sociedad ficticia, de la que era administrador y legal representante hasta el año 2015, cuando el otro acusado compró las participaciones de dicha empresa y le sustituyó en su cargo. Ambos procesados, según el escrito de acusación, simularon la contratación de 37 supuestos trabajadores, dándoles de alta en la Seguridad Social, al objeto de que percibieran la prestación por desempleo. De todas las personas contratadas de forma fraudulenta, un total de 15 llegaron a percibir dicha prestación.

Está previsto que el juicio contra los dos acusados tenga lugar el próximo miércoles en la Audiencia

A lo largo de los últimos años, se han destapado casos similares en las comarcas de Lleida. En 2015, por ejemplo, la Policía Nacional imputó a 46 personas en Lleida por haber defraudado supuestamente más de un millón de euros del erario público a través de 23 empresas ficticias. La red falsificaba y vendía contratos de trabajo fraudulentos a ciudadanos extranjeros con fines delictivos. Ese año, la Policía Nacional y la Guardia Civil detectaron un total de 36 empresas ficticias en Lleida que sirvieron para defraudar a la Seguridad Social, en la mayoría de los casos con la prestación del paro. Ambos cuerpos policiales investigaron a 69 empresas leridanas, de las cuales propusieron imponer una sanción administrativa por fraude y empleo irregular a 39 de ellas por defraudar a la Seguridad Social un total de 1,4 millones de euros.