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POLÍTICA PLENO MUNICIPAL

La Paeria investigará la acción policial tras la sentencia pero rehúsa pedir responsabilidades

Actualizada 30/11/2019 a las 09:43

El pleno rechaza la moción de los CDR y aprueba la del tripartito, que condena “cualquier violencia”| El PSC votó a favor de algunos puntos de la del gobierno y Cs y el PP, en contra de casi todos

La Paeria investigará la acción policial tras la sentencia pero rehúsa pedir responsabilidades

La Paeria investigará la acción policial tras la sentencia pero rehúsa pedir responsabilidades

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L’alcalde, Miquel Pueyo, molt somrient en el moment de començar el ple, que va durar cinc hores.

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© L'alcalde, Miquel Pueyo, molt somrient en el moment de començar el ple, que va durar cinc hores.

MAGDALENA ALTISENT
L’alcalde, Miquel Pueyo, molt somrient en el moment de començar el ple, que va durar cinc hores.

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© L'alcalde, Miquel Pueyo, molt somrient en el moment de començar el ple, que va durar cinc hores.

MAGDALENA ALTISENT

La Paeria aprobó ayer en el pleno una moción del gobierno de ERC, JxCat y el Comú que condena “el uso de la violencia como forma de resolución de conflictos”, en referencia a las protestas tras la sentencia del ‘procés’, y encarga a la comisión del 1-O “el estudio de las actuaciones policiales”, así como que esté a disposición de los ciudadanos “que han sufrido la evidente brutalidad policial”. El PSC apoyó otros puntos que defienden que el conflicto no se resolverá en los tribunales y que la Generalitat busque una solución democrática. Joan Ramon Castro, de JxCat, defendió la moción apostando por el diálogo y la no criminalización de las protestas y el rechazo a “cualquier tipo de violencia”. Cs se preguntó si la comisión del 1-O servirá para “hacer una caza de brujas” (al final del pleno, planteó la supresión de esta comisión) y el PP propuso que también investigue la actuación de los “vándalos”.

En cambio, no prosperó la moción de los Comités de Defensa de la República (CDR) que pedía a la Paeria “personarse como acusación particular ante la evidencia de brutalidad policial”, la retirada de la Policía y la Guardia Civil y la destitución del conseller de Interior, Miquel Buch, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, al abstenerse el gobierno tripartito. El PP dijo a los CDR que “sus proclamas son gasolina” y Cs, que “tienen la fuerza, pero no la razón”, y ambos grupos recordaron los destrozos producidos. Elvira Siurana, que defendió la moción, dijo que “un ojo, la libertad y la deportación tiene más valor que los contenedores quemados” y que la abstención del gobierno “incide en el silencio de la Paeria”, a quien pidió que “asuma responsabilidades porque dejando la cuestión a la comisión del 1-O menosprecia su importancia”.

Asimismo, el tripartito rechazó la moción de Cs que reclama un junta de seguridad extraordinaria para informar sobre los disturbios tras las protestas, habilitar la Paeria como centro coordinador de todas las denuncias de destrozos, un agradecimiento público a los cuerpos de seguridad y la condena firme de la Paeria a la violencia como instrumento de protesta. El gobierno argumentó que ya dio información.

En el apartado de mociones de entidades, la de Jovent Republicà para cambiar el nombre “de dos calles franquistas” por los de Neus Català y Conxita Grangé, supervivientes del campo de Ravensbrück, despertó las críticas de Cs y PP al ser los proponentes las juventudes de ERC, partido con representación en el pleno. Ambos grupos consideraron que “usurparon” espacio destinado a asociaciones. El jefe de la oposición, Fèlix Larrosa (PSC), que durante su etapa como alcalde sustituyó nombres franquistas, dijo que los proponentes “no son nadie para decir quién es franquista”. Finalmente, la moción fue aprobada con el apoyo del gobierno y ERC y el Comú emplazaron a reconducirla petición a través del consejo de ciudad. El PSC se abstuvo y Cs y PP votaron en contra.

Por otra parte, la moción del PSC por un pacto de civismo y una carta de valores fue rechazada por el tripartito.

En otro orden, la licitación de 4 plazas en un establecimiento para acogida de urgencia de mujeres e hijos en situación de violencia machista fue aprobada con la abstención de PP y Cs. Este grupo y el PSC, que votó a favor “por responsabilidad”, reprocharon a ERC y Comú externalizar este servicio, hecho que criticaban cuando estaban en la oposición. La edil Elena Ferre (Comú) admitió que “este no es nuestro modelo, por eso es para 6 meses y luego haremos una audiencia y queremos un centro público”. Jordina Freixanet (ERC) detalló que será que un encuentro con “médicos, juristas, mujeres, movimiento feminista para definir el modelo”.

En otro orden, el PSC preguntó al gobierno si aportará recursos para el instituto de Cappont, como para la escuela Pinyana.

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