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El Comú discrepa de la decisión de no municipalizar la zona azul y la grúa

El gobierno afirmó el miércoles que la situación económica no lo permite a corto plazo

Sergi Talamonte, Toni Postius y Miquel Pueyo, el miércoles en el pleno.

Sergi Talamonte, Toni Postius y Miquel Pueyo, el miércoles en el pleno.AMADO FORROLLA

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El teniente de alcalde Sergi Talamonte, edil del Comú, afirmó ayer que “no hay una decisión definitiva sobre no municipalizar la zona azul”, contradiciendo la decisión anunciada por una portavoz del equipo de gobierno de la Paeria el pasado miércoles, cuando informó de que “la situación económica del ayuntamiento lo hace imposible a corto plazo”. En concreto, explicó que “tras analizar el coste que supone la municipalización, más allá del de personal, la cifra supera los tres millones de euros, porque, entre otros motivos, habría que renovar buena parte de los parquímetros” y afirmó que “se estudiará cuando acabe la concesión que hay que hacer”, en referencia al nuevo concurso que se convocará.

Talamonte afirmó ayer que “no me daría tanta prisa en dar por hecho que no se municipalizará la zona azul” y que “el debate sigue abierto”. Señaló que “todavía hay que buscar otras alternativas” y recordó que “el pacto de gobierno dice que estudiaremos la posibilidad de remunicipalizar la zona azul”. Esta es la primera discrepancia pública entre los miembros del gobierno tripartito desde que fue constituido en julio.

El debate arrancó después de que el comité de empresa de Eysa –empresa que gestiona el servicio de zona azul, grúa y depósito– amenazara el miércoles con movilizaciones si no se municipaliza el servicio, recordando que dos de los tres actuales miembros del gobierno, ERC y el Comú, “cuando estaban en la oposición se llenaron la boca hablando de la municipalización de los servicios públicos”. En cambio, el otro miembro de gobierno, JxCat, que además dirige ahora el área de Urbanismo y Movilidad, nunca se ha posicionado a favor de municipalizar la zona azul.

El gobierno trasladó al comité de empresa “que se revisarían los pliegos de la concesión para garantizar los derechos laborales y la subrogación de los contratos”.

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