El Govern mantiene el decreto que facilita alquiler social a okupas

El Govern aprobó ayer en Consell Executiu que el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda siga su trámite parlamentario después de que el lunes el Consell de Garanties Estatutàries emitiera un dictamen en el que considera que es “inconstitucional” obligar a los grandes propietarios (de más de 15 pisos) a ofrecer alquiler social a okupas que lleven al menos 6 meses en una vivienda. La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, dijo que el objetivo de este decreto es garantizar que los grandes tenedores tengan la “obligación” de facilitar un alquiler social a familias vulnerables. Según el Consell de Garanties Estatutàries, esta norma vulnera los artículos 9.3 y 33 de la Constitución “por lo que hace referencia a la supresión como causa justificada de la desocupación permanente de la vivienda la ocupación de ésta sin título legítimo cuando la persona propietaria acredite haber iniciado las acciones judiciales adecuadas para la recuperación de la posesión, antes de cumplirse el plazo de 2 años por considerar la vivienda vacía”. El ente alega que “el establecimiento de sanciones y multas económicas en los casos de falta de una oferta de alquiler social previo a la interposición de una demanda judicial podría considerarse una restricción o un freno que obstaculiza indebidamente la libre decisión de interponer la pertinente demanda de recuperación de la posesión ilegalmente perdida”, lo que añade que vulneraría el artículo 24 de la Constitución. Además, sostiene que si el propietario de una vivienda quisiera recuperar judicialmente su posesión y cumpliera con la nueva norma, ofreciendo un alquiler social, “una vez fuera aceptado por el ocupante, la pretensión de recuperar la plena posesión de la vivienda se vería frustrada por imperativo de esta misma norma”.