Payeses afrontan su campaña más difícil y, además, “criminalizados”

El 2020 pasará a la historia con toda seguridad como el año en el que la Covid-19 acabó con miles de vidas en Catalunya y provocó muchas crisis. Una de estas se centra en el sector de la fruta, que está afrontando su campaña más difícil. En lo productivo, con una caída importante de la producción, agravada por los efectos del pedrisco. En lo económico, con un incremento de costes de producción derivado de las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios entre los trabajadores, desde geles hidroalcohólicos y mascarillas a inversiones con mamparas, entre otros costes en las centrales. Pero también hay un tercer frente al que está haciendo frente el sector, que denuncia que está siendo criminalizado, entre acusaciones de racismo y explotación. Por una parte, por aquellos que les culpan de que haya personas durmiendo en las calles, como en la ciudad de Lleida. Por otra, por denuncias de incumplimientos del convenio, que llegan a hablar de explotación.

En cuanto a los inmigrantes sin techo, la respuesta es unánime en todos los actores del sector a los que se les pregunte. El grueso de esas personas son inmigrantes en situación irregular y, por lo tanto, no pueden ser contratados o se enfrentan a posibles multas millonarias. Patronales, organizaciones agrarias y payeses individuales insisten en que se sienten señalados por una realidad que se ha de situar en el plano social y político. La inmigración irregular, y más en concreto qué hacer con personas que están en el territorio, es un problema que no deja de crecer y que es necesario tomar decisiones.

Las pérdidas de producción por el pedrisco pueden reducir en unas 5.000 las personas contratadas

El ayuntamiento ha tenido que duplicar las 150 plazas iniciales del centro habilitado en la Fira

En una finca media, el coste de los equipos de protección cuesta al menos 2.000 euros

Es cierto que meses antes de que comenzara el grueso de la campaña frutícola organizaciones agrarias y patronales advirtieron de los problemas generados por la pandemia. Muchos trabajadores que año tras año se emplean en la campaña estaban en sus países de origen y no podían venir a Ponent por el cierre de fronteras. Hacía semanas que habían pidieron al Gobierno central la regularización de personas sin la documentación en regla. Sin embargo, Moncloa rechazó de plano esta posibilidad, que también han defendido en las últimas semanas otras administraciones como la Generalitat a través de la conselleria de Trabajo.

Estas peticiones han sido leídas como un efecto llamada a colectivos de inmigrantes que han ido llegando a la provincia, pero especialmente a la capital del Segrià confiando en conseguir un empleo, algunos incluso con la falsa ilusión de una hipotética regularización. Pero los payeses, cooperativistas y empresarios insisten que no pueden emplear a estas personas.

La situación, además, se ha agravado por las tormentas de pedrisco del pasado mes. Lleida preveía una producción “corta” de melocotones y nectarinas, del orden de un 18% inferior a la del pasado año. Pero el pedrisco arruinó otro 16%, limitando la cosecha a apenas 316.100. Menos fruta significa también menos contrataciones, que la producción calcula que se han podido reducir en unas cinco mil.

La primera semana del mes de junio, en pleno estado de alarma, durmieron en las calles de Barri Antic 105 personas “sin techo”, según el ayuntamiento. Una cifra que que tanto los vecinos como entidades sociales aumentaron hasta las 200. Parte de estas accedieron después a pernoctar en los pabellones de la Fira habilitados por la Paeria como centro de atención y, durante dos semanas, en 80 plazas hoteleras pagadas por el futbolista Keita Baldé. Una vez Baldé dejó de sufragarlas, la Fira ha llegado a alojar hasta unas 300 personas, y todavía había otras durmiendo en la calle.

En conjunto, la cifra global parece superior a la del pasado verano, cuando el ayuntamiento cifró en una media de 140 personas las que pernoctaban en la calle, mientras que, según sus datos,la media diaria de pernoctaciones en el centro de atención que habilitó -primero en el pabellón Antorxa y después en el Agnès Gregori- fue de menos de 70 (2.930 entre el 8 de julio y el 23 de agosto). La presencia de gente durmiendo en la calle y las aglomeraciones de “sin papeles” se repiten desde hace años en el Barri Antic, pero este verano ha tenido lugar en plena crisis sanitaria por el coronavirus. Los vecinos del barrio han denunciado en reiteradas ocasiones esta situación, incluso sin éxito ante la Fiscalía, asegurando que es un peligro para la salud pública.

Al término de la pasada campaña de fruta, el nuevo gobierno municipal se comprometió a cambiar radicalmente la metodología de atención a las personas sin hogar para evitar esas situaciones, pero todo sigue casi igual. El dispositivo organizado en la Fira tuvo que ser ampliado varias veces en tres semanas, pasando de las 150 camas iniciales a las 300, pero ni esta ampliación ha servido para poder acoger a todos los “sin techo”.

La teniente de alcalde de Derechos, Sandra Castro, indica este año se ha adelantado la llegada de este colectivo, pero opina que no hay más personas que en los anteriores. “Normalmente venían en julio, pero este año ya los teníamos aquí a mediados de mayo”, afirma. Reconoce que, además de las personas que habitualmente buscan trabajo en la fruta, “han llegado manteros y trabajadores de la hostelería en la costa porque se han quedado sin empleo por el estado de alarma y han venido a probar suerte”. señala, y añade que a ello también contribuyó que los payeses hicieran en marzo un llamamiento pidiendo mano de obra, ante el temor de que el confinamiento por la pandemia les dejara sin ella. Para la entidad del Barri Antic Som Veïns, “está claro que ha venido más gente que otros años y que la Paeria no estaba preparada para ello”. Una canción que lleva demasiados años repitiéndose.