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Todos los ginecólogos del hospital Arnau, objetores con respecto a practicar abortos quirúrgicos voluntarios

Un vehículo atropella a un niño de seis años en un cruce en Lleida

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Un total de 29 ginecólogos que trabajan en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida se declaran objetores de conciencia con respecto a la práctica del aborto quirúrgico voluntario (sí se realizan abortos farmacológicos –interrupción voluntaria del embarazo (IVE)– hasta la semana 9). Así lo afirmó este martes la gerente de las regiones sanitarias de Lleida y del Pirineo, Divina Farreny, que añadió también que el acuerdo entre el departamento de Salud y la clínica privada Vithas (del cual SEGRE informó en exclusiva ayer) para que esta pueda practicar abortos quirúrgicos voluntarios a mujeres embarazadas a partir de las nueve semanas de gestación llegará “en breve”. “El hecho de que todos los ginecólogos de la pública sean objetores nos ha obligado a buscar alternativas en la privada”, aseguró Farreny.

En este sentido, una vez Salud acredite a Vithas para prestar este servicio, las leridanas tendrán por primera vez la opción de interrumpir voluntariamente su embarazo de forma quirúrgica en Lleida en vez de tener que desplazarse como hasta ahora a centros hospitalarios de Barcelona o Tarragona. Por otro lado, la reacción la noticia de que Lleida dejará de ser en breve la única provincia catalana sin ningún centro autorizado para practicar abortos quirúrgicos tuvo diferentes acogida en la sociadad leridana. Sin embargo, algunas opiniones apuntan que la solución llega tarde. En este sentido, entidades feministas criticaron que el servicio no lo ofrezca la sanidad pública y se encargue a la privada. “Es vergonzoso que no sea la sanidad pública la que practique los abortos y aún es peor que la objeción de conciencia de los médicos esté por encima de los derechos de las mujeres. Esto no es un avance, es simplemente un parche”, afirmó Gemma Casal, integrante de Dones Lleida. Por su parte, María Alloza, de Marea Lila, indicó que “es un primer paso, aunque nuestro objetivo es conseguir que las interrupciones de embarazo las haga la sanidad pública en el plazo más corto posible”. 

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