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TRIBUNALES TERCER SECTOR

Fiscalía acusa a la excúpula de la residencia Adesma de quedarse 800.000 € de usuarios

Actualizada 27/01/2021 a las 11:15

Los investigados son el expresidente y el extesorero, que son hermanos, y sus parejas || La fundación, a la que también habrían estafado, lo denunció en noviembre de 2019 y se ha personado como acusación

Adesma gestiona la residència Sant Antoni de Pàdua de Lleida.

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© Adesma gestiona la residencia Sant Antoni de Pàdua de Lleida.

MAGDALENA ALTISEN

La Fiscalía de Lleida se ha querellado contra la excúpula de la residencia Adesma por haberse apropiado supuestamente dinero de usuarios, principalmente de personas tuteladas, así como de fondos de la propia entidad, según ha podido saber este periódico. Los imputados son A.R.D., presidente de la fundación desde el año 1995 hasta diciembre de 2018; su hermano R.R.D., que fue tesorero hasta diciembre de 2018, y sus respectivas esposas: M.C.F., que llegó a ser vocal de la entidad, y C.B. La Fiscalía considera que hay indicios de que cometieron los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y estafa procesal. Se estima que solo de los tutelados se habrían apropiado de unos 800.000 euros.

El juzgado de Instrucción número 4 de Lleida ya se ha hecho cargo de la investigación y está previsto que los imputados y testigos empiecen a declarar en febrero. Adesma, una fundación privada sin ánimo de lucro, gestiona la residencia Sant Antoni de Pàdua de Lleida y un centro de día en La Bordeta, y presta otros servicios como la atención domiciliaria. La entidad cuenta con un centenar de usuarios y aproximadamente el mismo número de empleados.

La investigación arrancó en el año 2018 tras la denuncia de un particular que aportó detalles de las presuntas prácticas ilegales que llevaba a cabo la cúpula de aquellos años. Se sospechaba de la apropiación indebida durante años del dinero de las personas tuteladas y de fondos de la entidad (ver desglose). Los Mossos d’Esquadra se hicieron cargo de una investigación que se ha prolongado hasta la actualidad. Los investigadores pudieron determinar presuntas prácticas delictivas de los antiguos responsables.

El presidente era asignado legalmente como tutor de decenas de usuarios incapacitados que no tenían familiares para que gestionara de manera adecuada su patrimonio y sus ingresos, como marca la ley. Sin embargo, la dinámica era otra, según la investigación. Gran parte del dinero de los tutelados y de su patrimonio acabó supuestamente pasando a manos del presidente y de sus familiares porque no había ningún tipo de control. Al parecer, retiraban habitualmente dinero y utilizaban sus tarjetas para su enriquecimiento y lucro personal, llegando a dejar sin patrimonio a alguno de ellos. También consiguieron supuestamente la cesión de sus inmuebles. Los investigados habrían utilizado el dinero para adquirir propiedades y hacer todo tipo de compras. La supuesta apropiación, solo por estas prácticas, ascendería a 800.000 euros.

las claves
  • Cuatro delitos. Los cuatro querellados están siendo investigados por los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y estafa procesal. El juzgado de Instrucción 4 investiga el caso tras la querella de la Fiscalía.
  • Tutelados. Los Mossos creen que los investigados se aprovechaban de que el presidente entre los años 1995 y 2018 era el tutor de decenas de usuarios para apropiarse del dinero de las víctimas y de su patrimonio.

“Han perjudicado gravemente a los tutelados y a la entidad”

Los investigados habrían creado varias sociedades para obtener beneficios de la fundación, ya sea a través del sobrecoste de obras, alquiler de locales o la compra de alimentos, causando un grave perjuicio a la entidad, según la investigación. El patronato de la fundación descubrió estas supuestas prácticas ilegales y en noviembre de 2019 presentó una primera denuncia contra los ahora investigados en Fiscalía. Posteriormente, se sumaron otras dos denuncias y se han personado en la causa como acusación particular. Al parecer, los imputados habrían falsificado facturas, desviado fondos y pagado por trabajos inexistentes.

El abogado de Adesma, Jaume Liñán, explicó ayer a este diario que “estas personas, que ya no tienen ningún tipo de relación con Adesma, han perjudicado gravemente a los usuarios tutelados y a la propia entidad. Nosotros emprendimos acciones legales cuando lo descubrimos y nos hemos personado como acusación particular”. No se descarta que a lo largo de la instrucción puedan ser imputadas otras personas, entre ellas otros familiares de la excúpula.

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