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PAERIA POLÉMICA

Antifrau investigará contratos de Deportes y Urbanismo

Tras la denuncia de la CUP sobre los que provocaron el cese de González || Esta formación exige a Pueyo que dé explicaciones

Los miembros de la CUP Francesc Gabarrell y Ester Sancho, ayer.

Los miembros de la CUP Francesc Gabarrell y Ester Sancho, ayer.S.C.D.

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La Oficina Antifrau de Catalunya investigará los presuntos contratos irregulares del ayuntamiento que provocaron el cese de Sergio González como concejal de Deportes y su posterior marcha del grupo de JxCat. Lo ha resuelto a raíz de una denuncia presentada por la CUP, que ayer exigió al alcalde, Miquel Pueyo, que comparezca y dé “las explicaciones necesarias”. El escrito de Antifrau señala que ha acordado “dar por finalizada la evaluación de verosimilitud e iniciar actuaciones de investigación con la finalidad de determinar el alcance, así como las posibles responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones municipales denunciadas”.

Este caso surgió a raíz de un informe de las concejalas Jordina Freixanet (ERC) y Elena Ferre (Comú) que daba cuenta de “anomalías” en tres contratos del área de Deportes que no eran constitutivas de delito, pero sí que podían ser un conflicto de intereses por la relación que tenía González con la empresa adjudicataria. Además, ERC y el Comú consideraron que el área de Urbanismo, dirigida por Toni Postius (JxCat) sería corresponsable.

Antifrau podría tener listo en este plazo su informe para determinar si hay alguna responsabilidad

La abogada Ester Sancho, de la CUP, dijo que Antifrau inicia una investigación al entender que hay “verosimilitud” en los documentos que han recibido y que podrían apuntar “a posibles irregularidades”. Afirmó que su formación “quiere acabar con estas prácticas y que el gobierno actúe para que no se vuelva a repetir situaciones como esta”, añadiendo que Antifrau puede tener el informe hecho en seis meses.

Sancho señaló que Antifrau indagará qué responsabilidades puede haber tanto en Urbanismo como en Deportes, indicando que podrían ir “desde procesos penales a multas administrativas o inhabilitaciones”. Recalcó que “ha habido una falta de ética y todas las empresas deben tener las mismas oportunidades de optar a contratos”.

Fuentes del gobierno de la Paeria dijeron estar a la espera del informe, pero recordaron que se está elaborando un código ético para que estas prácticas no se repitan y que prevén llevarlo al pleno de este mes.

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