La Audiencia reabre la causa por las cargas del 1-O en Bienestar Social

La Audiencia de Lleida ha ordenado reabrir la causa por las cargas policiales durante la celebración del referéndum del 1-O en el colegio electoral de Bienestar Social de Lleida, en la avenida del Segre. De esta forma, revoca el sobreseimiento provisional que decretó el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Lleida y admite el recurso presentado por la acusación particular, ejercida por la asociación Advocacia per la Democràcia.

En el auto, la jueza ponente señala que el sobreseimiento es “prematuro” en esta fase de la instrucción y que no es la función del juez archivar la causa sin una “investigación completa” de los hechos que determinen si hubo o no un delito por parte de los investigados. Fue a principios de este año que Advocia per la Democràcia que llevó el caso a la Audiencia tras el archivo provisional de la causa por las cargas en Bienestar, donde hubo 40 heridos.

Finalmente, la jueza ordena continuar con la instrucción, ya que todavía no se han llevado a cabo diligencias que sí fueron aceptadas por el instructor, como la petición a la Policía Nacional del atestado y las comunicaciones de los mandos policiales durante el operativo. Unas diligencias que se acordaron practicar el 5 de septiembre de 2019 y que nunca se han hecho, tal y como ha reclamado la acusación particular.

Por esta causa, ya declararon tres mandos de la Policía Nacional, pertenecientes a la jefatura de Ceuta, que lo hicieron como investigados por presuntos delitos de lesiones y contra la integridad moral. Ante el juzgado de Instrucción, los tres mandos policiales negaron que los agentes agredieran a ningún votante y señalaron que actuaron “con suma delicadeza”.

Precisamente, la Audiencia Provincial también ordenó reabrir la causa que investiga las cargas policiales durante el 1-O en el colegio electoral de la Mariola, donde uno de los votantes, Enric Sirvent, sufrió un ataque al corazón. En este caso, el mismo juez instructor de la causa de Bienestar también ordenó el archivo provisional mientras que la Audiencia aceptó el recurso de Advocacia per la Democràcia para llevar a cabo más diligencias. Por este procedimiento, declararon como investigados seis agentes de la Policía Nacional.