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Seis mil leridanos reciben la luz de una decena de compañías municipales

Actualizada 24/10/2021 a las 10:43

La escalada de precios estimula el autoconsumo solar y las comunidades energéticas

Obres aquesta setmana del parc eòlic de Solans, el primer que es construeix a Lleida en vuit anys mentre que 42 estan paralitzats.

Obras esta semana del parque eólico de Solans, el primero que se construye en Lleida en 8 años mientras otros 42 están paralizados.

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© Obras esta semana del parque eólico de Solans, el primero que se construye en Lleida en 8 años mientras otros 42 están paralizados.

MAGDALENA ALTISENT

La Generalitat ha anunciado que creará una compañía eléctrica pública, mientras unos 6.000 leridanos reciben ya la luz de una decena de empresas en manos de ayuntamientos. La escalada de precios de la energía estimula alternativas para reducir las facturas como el autoconsumo de energía solar y crear comunidades energéticas.

Mientras la Generalitat ha anunciado esta semana que creará una compañía eléctrica pública, más de seis mil leridanos pagan sus recibos de la luz a una decena de empresas en manos de ayuntamientos.

Suministran a los vecinos desde hace décadas y han sobrevivido a otras que han acabado disueltas o absorbidas por grandes operadoras. Sus responsables se esfuerzan en abaratar las facturas y asegurar al mismo tiempo su propia viabilidad económica, en mitad de una escalada de precios sin precedentes. La Generalitat impulsa su propia eléctrica como herramienta en su estrategia de transición hacia las energías renovables (ver desglose).

Las empresas municipales de Lleida, en cambio, concentran sus esfuerzos en lograr facturas más baratas que las privadas. Lo logran al no buscar beneficios ni repartir dividendos. Sin embargo, los ayuntamientos que las gestionan destacan las dificultades de sobrevivir en un mercado energético hecho a medida de grandes grupos empresariales de ámbito estatal e internacional.

Para salir adelante, muchos se han unido para obtener mejores precios, haciendo de forma conjunta sus compras de energía en el mercado mayorista.La escalada del precio de la energía, que supera máximos históricos semana tras semana, espolea también la búsqueda de alternativas como el autoconsumo de energía solar. Solo en el último año se han instalado unas 350 nuevas plantas en Lleida y ya son son casi un millar. La mayoría están en tejados y suministran al edificio donde se encuentran, pero cada vez son más las de uso compartido.

Ayuntamientos como los de Els Alamús, Torrebesses, La Granadella y Vallfogona de Balaguer se han convertido en pioneros del autoconsumo compartido. Promueven instalaciones solares en uno o dos tejados cuya energía se distribuirá entre varios edificios públicos. En la localidad de la Noguera, consistorio y vecinos compraron conjuntamente paneles fotovoltaicos para abaratar el coste de cada unidad, algo que han hecho también Raimat y otras poblaciones.

Por su parte, la Associació de Catalana de Municipis (ACM) prepara una gran compra conjunta de paneles solares para entes locales para 2022. La cooperación es el principio que inspira también las primeras comunidades energéticas de Lleida. Sus objetivos van desde adquirir paneles solares hasta negociar contratos de suministro en condiciones ventajosas.

Esta semana se constituyó una en el barrio de La Bordeta de Lleida, y el ayuntamiento de Tírvia quiere crear otra para hacer este municipio “autosuficiente” en materia de energía. Sin embargo, la legislación española limita las instalaciones solares que comparten energía. Literalmente, las ata corto.Las normativa sobre autoconsumo compartido establece que los consumidores no podrán estar a más de 500 metros de los paneles solares que generan electricidad.

Es una distancia mucho menor que en otros países y limita el número de personas que pueden asociarse. En Francia el límite es de 20 kilómetros.Tanto los ayuntamientos con compañías eléctricas como los impulsores de comunidades energéticas constatan la importancia de asociarse para obtener buenos precios en el mercado de la energía, donde el tamaño no solo importa, sino que es decisivo. Así se aprecia en el caso de Nufri y la CAG de Guissona, grandes firmas agroalimentarias leridanas que ahora también son comercializadoras de energía.En el caso de Nufri, el volumen de su cartera de clientes le permite adquirir grandes lotes de energía en el mercado de futuros.

Esta posibilidad está fuera del alcance de las compañías municipales, con menos abonados. Solo pueden acudir al mercado mayorista, con un precio único y donde el principal margen de mejora pasa por reducir costes de gestión.Una energía limpia, descentralizada, en manos de la ciudadanía y bajo gestión pública suele asociarse al concepto de soberanía energética, basado en democratizar la producción de este bien básico. El actual escenario alcista y el temor a una crisis energética parecen convertir este ideal de futuro en una cuestión de urgencia.

Una estrategia para “democratizar” la energía basada en las renovables

La Generalitat anunció el miércoles un cambio de rumbo en la promoción de las energías renovables. La próxima semana, un nuevo decreto dejará atrás el de 2019, dedicado a alcanzar a cualquier precio una potencia de 10 GW de energías limpias en 2030, frente a los 3,5 actuales. El resultado fue un alud de proyectos que provocó alarma y protestas en las comarcas que concentraban más molinos y paneles solares, como la Segarra, Les Garrigues y el Pallars Jussà.

Propuestas para más de cien solares y 42 eólicos sumaban en Lleida una potencia mayor que la de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs juntas, aunque solo sobre el papel. En la práctica, algunos proyectos eran incompatibles entre sí, ya que aspiran a ocupar los mismos terrenos. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, lo describió como el resultado de un modelo “extractivista” en manos de un “oligopolio”.Casi todos los proyectos reiniciarán su trámite con el nuevo decreto.

De todos parques eólicos previstos, solo está en obras el de Solans, el único autorizado en 8 años. La futura norma limitará el uso de fincas agrícolas para molinos y paneles solares. En su lugar, los favorecerá cerca de ciudades, en suelo urbanizable y edificios.

Los promotores deberán comunicar sus proyectos a los ayuntamientos, tener el visto bueno de los dueños del 50% suelo, y ofrecer al territorio la posibilidad de adquirir una participación del 20%. El nuevo decreto forma parte de una estrategia que incluirá a partir de 2022 una ley para la transición energética, un plan que delimitará espacios para nuevas centrales eólicas y solares, y una compañía eléctrica pública para promover energías limpias y participar en proyectos de comunidades energéticas locales. El president lo describió como un cambio de modelo productivo “descentralizado y democrático”.

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