ECONOMÍA TASAS
El TC suprime el impuesto municipal de la plusvalía al anular las bases para aplicarlo
Declara inconstitucionales los artículos que regulan el valor del inmueble y los porcentajes que pueden repercutir los ayuntamientos || La sentencia dictada ayer no tiene efectos retroactivos
Vista aérea del centro de la ciudad de Lleida.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer nulos varios artículos que regulan la fórmula del cálculo del impuesto municipal de la plusvalía (grava todas las transmisiones de inmuebles o solares, ya sean por compraventa o herencia), con lo que de facto hace inviable su cobro por parte de los ayuntamientos mientras no se modifique la ley de Haciendas Locales, después de que en dos sentencias anteriores -en 2017 y 2019- ya anulara otros artículos que afectaban a esta tasa. Esta sentencia declara inconstitucionales los puntos que regulan la base imponible del impuesto, el valor del bien y los porcentajes que aplican los ayuntamientos para determinar el importe del recibo. En concreto, anula el artículo 107.1 de la ley de Haciendas Locales, que establece que “la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años”, a la vez que determina el proceso para calcularlo.
En este sentido, hace lo propio con el artículo 107.2.a), que indica que “en las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”, y con el 107.4, que fija el porcentaje máximo anual que puede aplicar el ayuntamiento sobre este valor. Así, para un periodo de uno hasta cinco años de la anterior transmisión era del 3,7; de hasta 10 años, un 3,5; un 3,2 si es hasta 15 años; y un 3% hasta los 20 años. La sentencia, cuyo contenido íntegro se hará público en los próximos días, no tiene sin embargo efectos retroactivos, por lo que no se aplicará a las plusvalías en trámite.
El TC ha estimado la cuestión promovida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con los votos discrepantes de los magistrados Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.El de la plusvalía es uno de los principales impuestos locales, aunque a gran distancia del IBI, por lo que su anulación supondrá un nuevo golpe para las finanzas municipales (ver desglose). De hecho, el Constitucional ya había recortado la recaudación que generaba la transmisión de inmuebles y solares con sendas sentencias dictadas en 2017 y 2019. En la primera, declaró nulo su cobro si se probaba que el contribuyente no había obtenido ninguna ganancia con este bien, y en la segunda, que tampoco podía cobrarse si su importe era mayor que el beneficio real.
Hay que tener en cuenta que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, el valor de pisos y solares sufrió una notable depreciación, lo que provocó que muchos contribuyentes tuvieran que pagar un impuesto por una transmisión que en realidad les había generado pérdidas.
Una decisión que supone un duro golpe para las finanzas locales
La anulación de los artículos que regulan la plusvalía supone un duro golpe para las finanzas locales, que ya habían visto recortados estos ingresos desde 2017. El ayuntamiento de Lleida prevé ingresar este año 4.847.287,86 euros por este impuesto. Ayer, la Paeria se limitó a señalar que está estudiando la sentencia y que hay que ver cómo se aplicará. En otros ayuntamientos ya han echado cuentas. El de Mollerussa calcula que dejará de ingresar 250.000 euros. En Cervera serán unos 100.000 euros, según la Paeria. En Tàrrega, el consistorio tenía una previsión de ingresos por plusvalía de 400.000 euros. En La Seu d’Urgell, mientras, contemplan que dejarán de ingresar unos 350.000 euros. El alcalde, Francesc Viaplana, dijo que “urge más que nunca una revisión del modelo de financiación local. Somos los peor financiados”.
Hacienda anuncia cambios para mantenerlo
El ministerio de Hacienda ultima un borrador legal “que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos”, según informó horas después de conocerse la sentencia del TC. Precisamente, la Federación Española de Municipios y Provincias pedirá al Gobierno una nueva norma para restablecer este impuesto con “justicia de recaudación”. Mientras, el PP acusó al ministerio de inacción y exigió una compensación para los ayuntamientos.
