Piden prisión para un urbano por agredir a un detenido en un bar

La Fiscalía pide dos años de prisión para un agente de la Guardia Urbana de Lleida implicado en una pelea en el bar La Cordobesa, en la calle Comtes d’Urgell, el 28 de febrero de 2018, acusado de un delito de lesiones con instrumento peligroso. La agresión fue grabada en un vídeo que se hizo viral y en el que se podía ver cómo el agente tiraba una silla contra uno de los dos jóvenes, también acusados, que golpearon al urbano acusado y a otro agente. El juicio por estos hechos se celebrará el próximo miércoles 19 de enero en la Audiencia Provincial de Lleida.

Además del urbano, serán juzgados los dos jóvenes implicados en la agresión, para los que la Fiscalía solicita que se les imponga una condena de 3 años y 8 meses para uno de ellos por los delitos de amenazas, atentado a la autoridad y lesiones leves, y una pena de 3 años y 2 meses para el otro joven por atentado y lesiones. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el urbano acusado, después de que uno de los detenidos le golpeara con una caja de plástico, “ofuscado por la situación violenta” y actuando “de manera desproporcionada y excesiva”, empezó a golpear al arrestado y le tiró una silla de madera del bar, hasta que llegaron refuerzos policiales y le pararon. La Fiscalía señala que los hechos comenzaron a las diez de la noche, cuando el urbano acusado acudió al bar junto a un compañero por un aviso de ruido y consumo de alcohol en la calle.

Al llegar, los agentes pidieron a las personas que estaban allí que entraran en el establecimiento. Sin embargo, los jóvenes desoyeron las órdenes, señala la Fiscalía, y se quedaron fuera con “actitud desafiante”, momento en el que empezó el altercado. A uno de los jóvenes la Fiscalía le acusa de un delito de amenazas al señalar que cuando esperaba para ser atendido en el hospital amenazó de muerte al urbano acusado y a su familia.

Los dos jóvenes tienen antecedentes por atentado a la autoridad y resistencia a los agentes. Para el urbano, además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita que se le suspenda de empleo o de cargo público relacionado con la seguridad pública durante el tiempo que dure la condena.